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A María Luisa Armendáriz Guerra q.e.p.d, incansable luchadora por la cultura y la igualdad
El presupuesto de egresos para 2016 será menor, pero no para todos. Al Poder Judicial (PJ) y al Poder Legislativo (PL) no les ha quedado claro que la reducción del gasto es necesaria por tres razones: una, la caída tanto del precio del petróleo como de la producción petrolera. Dos, las tasas de interés apuntan al alza. Y tres, desde 2008, con las aprobaciones de endeudamiento que ha dado el Congreso de la Unión, el saldo de la deuda pública ha tenido un aumento considerable, pero aún manejable. Recientemente, las variaciones cambiarias han contribuido también a elevar el acervo de la deuda pública.
Esto significa que, de no reducir el déficit fiscal, y en particular que los ingresos superen el gasto que excluye los intereses (balance primario), México podría seguir el camino de Brasil: baja en la calificación crediticia, con lo que el costo financiero aumentaría por una mayor prima de riesgo. Este pequeño detalle obliga a la autoridad hacendaria a cuidar la calidad crediticia, y a los poderes y órganos autónomos a reconocerlo con sus propuestas de presupuesto.
No obstante esta situación delicada y crítica, llama la atención lo que el PL y el PJF enviaron dentro del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 (PPEF 2016): una solicitud imprudente que desafina en el contexto actual.
Mientras que para 2016 los ramos administrativos (RA) del Poder Ejecutivo federal contemplan una reducción de casi 121 mil millones de pesos (mmp), alrededor de 10 por ciento menos en términos reales con respecto a lo aprobado para 2015, el PL y PJF solicitan aumentos. El aumento que pretende la propuesta del PL es moderada, con sólo 2.2 por ciento en términos reales, pero políticamente incorrecta. En contraste, el PJF está solicitando 68.1 mmp, lo que significa 14.7 mmp adicionales al presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó para el ejercicio fiscal de 2015. Esto es un aumento de 27.5 por ciento en términos reales.
¿Se justifica un incremento de tales dimensiones para el PJ? Es difícil defenderlo, especialmente al tomar en cuenta que desde 1995 el presupuesto del PJ ha tenido un aumento vertiginoso. En ese año entra en vigor la reforma del presidente Zedillo de dotar de total autonomía al PJ. Entran nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se crea el Consejo de la Judicatura (CJ). Actualmente el PJ, además de estos dos órganos, también incluye al Tribunal Electoral.
Para poner en contexto el presupuesto del PJ, cabe señalar lo siguiente: a precios constantes de 2016, el gasto pasó de 7.1 mmp a 51 mmp en el periodo de 1995 a 2014, esto es, el gasto del PJ creció más de 7 veces vs. 3 veces del PL y 2.89 de los RA. En ese mismo periodo el número de asuntos pasó de 426 mil a 1.2 millones, con lo que la carga de trabajo casi llegó a triplicarse. El Consejo de la Judicatura estima que esta carga aumentará por prever una población más litigiosa. En 1995 había 357 asuntos por cada 100 mil habitantes, y estima que para 2015 sean 866 y mil 43 asuntos para 2018.
La prestigiada investigadora del CIDE Ana Laura Magaloni ha expuesto los excesos del gasto de la SCJN al comparar el gasto y número de asuntos con los de otros países. También ha hecho énfasis en que la gran mayoría de los conflictos jurídicos entran por la puerta de los tribunales locales. De ahí que si verdaderamente hay la intención política de proteger y promover el interés público, así como gastar de manera más eficiente en la impartición de justicia, es prioritario llevar a buen puerto con un proyecto ejecutivo serio y eficaz la propuesta de justicia cotidiana.
Si los diputados federales de esta 63 Legislatura tienen algo de vergüenza, no sólo deben predicar con el ejemplo y ajustar el presupuesto del PJ y del PL a la nueva realidad económica de México, sino que deben proceder a un análisis cuidadoso de todos los rubros considerados dentro del proyecto de PEF 2016. El presupuesto que deslumbra es el del PJ, y el que necesariamente tendrán que regresar al terreno de la prudencia. O todos coludos o todos rabones: la reingeniería del Estado es impostergable para que cueste menos y logre más.
Economista
