Esta semana dos personas perdieron la vida al caer su vehículo en un socavón que se formó en una vialidad federal que pasa por Cuernavaca, Morelos. Este hecho lamentable merece una reflexión profunda, porque hasta ahora la evidencia periodística muestra que este accidente no debió haber ocurrido.
Los reportajes han venido documentando una serie de acciones y omisiones que ponen en entredicho la capacidad actual de organización del Estado mexicano, entendido en su sentido más amplio, no como sinónimo de gobierno. Hay que reflexionar al respecto para que este tipo de incidentes no se repitan, y porque llevar a cabo cambios va más allá de sólo identificar responsabilidades y de fincarle cargos a los posibles culpables. Se trata de entender qué le está sucediendo a la interacción de distintos componentes del Estado, porque quienes salen mal parados, además de la coordinación entre distintos órdenes de gobierno y de funcionarios públicos federales, estatales y municipales, son empresas del sector privado y los profesionales de la Ingeniería Civil.
Los socavones se forman por hundimientos del suelo provocados por oquedades subterráneas. Los socavones del Estado se ocasionan por deficiencias tanto en las organizaciones de las administraciones públicas como en las capacidades institucionales que generan pesos y contrapesos para asegurar a las personas comunes y corrientes que, en todo aquello que interviene el gobierno o que le prohíbe a los privados, puedan sentirse tranquilas. En este caso, dos vidas inocentes se perdieron porque en su sano juicio no tenían por qué preocuparse al usar una autopista federal.
Tenemos Estado porque como personas comunes y corrientes deseamos transitar en las calles, caminos y carreteras con toda tranquilidad, sin preocuparnos por nuestra integridad física. De igual forma queremos Estado para vivir en nuestras casas con la tranquilidad sin la necesidad de estar armados. Queremos Estado para tener muy buena educación pública y servicios de salud, etc. Cuando el Estado está atrás de una obra pública queremos suponer que se hizo todo lo posible y se siguieron todos los protocolos para evitar distraernos de nuestras tareas cotidianas y facilitarnos nuestros quehaceres.
Este socavón del Paso Exprés de la autopista Cuernavaca-Acapulco retrata la fragilidad en la que se encuentran las capacidades e incapacidades del Estado mexicano actual. Pone al desnudo al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal y al sector privado.
Los entes gubernamentales federales mostraron la debilidad en los procesos de licitación, contratación, ejecución y supervisión de obra pública. Los gobiernos estatal y municipales se expusieron por su incapacidad de rescatar a dos personas. Se exhibieron sin los medios para llegar oportunamente donde se encontraban las víctimas. Se exhibieron porque no atendieron o no fueron lo suficientemente insistentes del peligro que venía acumulándose. Se exhibieron porque no pueden demostrarnos que lo que pagamos de impuestos se traduce en tranquilidad.
Queremos Estado con las capacidades suficientes que permitan preservar nuestra integridad física dentro del territorio nacional, esto es en cada entidad y en cada municipio. Y queremos Estado para que cuando estamos en el extranjero en países donde tenemos relaciones diplomáticas y tratados o acuerdos de libre comercio no seamos sujetos de abuso.
Esto también demuestra que nuestros políticos y partidos políticos están en lo inmediato; están en la oportunidad para sacar raja y llevar agua a su molino, y donde llegar al poder es un fin para buscar botín, no para servir. También falló el sector privado, porque la construcción de infraestructura se encarga a empresas privadas que a su vez contratan ingenieros de todas las especialidades.
Estamos construyendo un Estado democrático de Derecho que de repente cae en socavones, porque uno o varios eslabones en la cadena de valor de bienes públicos no hicieron su tarea, no cumplieron con la ética mínima o cometieron fraude o de plano vilmente corrompieron.
El proyecto de construcción de un Estado democrático de Derecho que sea incluyente merece el cuidado de todos y nos pertenece a todos. No es patrimonio de ningún partido político; pero sí debemos identificar a los que tratan de destruirlo por su acción u omisión, o por quien quiere desmantelarlo para regresar al Estado autoritario y discrecional de caudillos.
Economista.
@jchavezpresa
