Después de la jornada electoral del pasado 4 de junio y las campañas de lástima, sólo puedo concluir una cosa: la política mexicana está en una de sus crisis más graves. Quizá incluso algo peor: la política está en quiebra. Pese a los 15 mil millones de pesos de nuestros impuestos previstos para 2017, desde la organización del registro electoral al financiamiento de los partidos políticos y a los procesos electorales, la calidad de nuestra democracia va en una senda de degradación acelerada.
Esto obliga a cuestionarnos lo básico y de sentido común: ¿para qué deberían servir las elecciones?, y contrastar la respuesta con lo que muestra la realidad.
La democracia no sólo es cuestión de emitir votos, hacerlos válidos y contarlos. El ejercicio de la democracia comprende todo un proceso para que una comunidad tome decisiones colectivas, elija a la persona a quien se le va a confiar el poder público para organizar y conducir la administración a su cargo, y que esas decisiones puedan ejecutarse a fin de mejorar una realidad. Esto implica resolver o mitigar un problema; evitar que se dé una situación o evento por causa de un desastre natural; lograr que se dé un resultado específico (e.g. una negociación que coordina a municipios para reducir contaminación con un sistema de transporte colectivo); acotar el poder que se otorga a una autoridad, especialmente cuando ha fallado o cuya discrecionalidad sin rendición de cuentas incurre en el riesgo de ocasionar grandes daños financieros; o darle más facultades para poder concretar el cambio que la colectividad requiere. Todo esto implica también tomar la decisión colectiva de cobrar contribuciones para sufragar el costo de las funciones que permiten gobernar: tener control y responsabilidad de los asuntos públicos.
Cuando se trata de un cargo legislativo, la decisión colectiva es para elegir a alguien que te representará en los momentos de aprobación de leyes, para que fiscalice el uso de recursos obtenidos por la recaudación de impuestos y endeudamiento, y para que sus intervenciones elocuentes en tribuna contengan al Ejecutivo en turno.
Sin embargo, qué sucede cuando deja de haber una referencia de lo que es bueno y malo para una comunidad, o puesto más simple, cuando no hay oposición real y leal a la comunidad que sirve. Diego Valadés (@dvalades) en un tuit fantástico nos recordó algo fundamental: “No todo puede estar previsto por la ley. La norma es sólo un mínimo ético. Sin moral pública toda ley es insuficiente”. Esto al parafrasearse al quehacer y a la conducta de quienes hacen política y ocupan cargos públicos quedaría: sin un mínimo de ética la política depreda.
Todos los partidos políticos y sus candidatos, sin excepción, salen reprobados en estas elecciones. Las elecciones, especialmente las de gobernadores, se han trivializado al concentrarse en prometer con más adjetivos el encarcelamiento del gobernante en turno. La norma es ver quién tiene la mayor imaginación para ofrecer nuevas dádivas que no resuelven los problemas básicos de la población. ¿Dónde quedaron los qués y cómos en materia de seguridad, salud, desarrollo urbano, integridad en el servicio público?
La población está harta porque no se siente segura; no está satisfecha con los servicios públicos básicos; no confía en la calidad moral de quienes ostentan cargos públicos; carece del acceso a participar en los partidos políticos. Cada vez son más caras las campañas electorales, y nadie cree que con esos topes de gastos de campaña alcance para tinacos, tarjetas, despensas, etc.
Aunque el Instituto Nacional Electoral no se lo haya propuesto, estas elecciones también lo desprestigian. El INE tiene que ocuparse más para que la democracia avance con debates de verdad que contrasten las propuestas dirigidas a resolver problemas concretos que aquejan a la población. Esto empieza con la calidad de las plataformas electorales. Y ahí, francamente, para el INE estos documentos son sólo un trámite. No hay seguimiento a las propuestas plasmadas en la plataforma del ganador de la elección. Los ciudadanos, así como los medios de comunicación, también tenemos nuestra responsabilidad. Los usos y costumbres de la política le apuestan a que la ciudadanía tiene sólo memoria de corto plazo.
Necesitamos ahora un esfuerzo colectivo para sacudir el estatus quo. Los mesías que todo lo pueden resolver no existen. Está en manos de la sociedad y de los ciudadanos que salen a votar quienes podrán inyectar capital de credibilidad a la política. Para ello es indispensable abrir los partidos políticos a la participación directa de sus militantes y simpatizantes.
Economista. @jchavezpresa
