En la actividad política y el ejercicio del poder, todo vacío lo llena algún interés diferente al interés público. En un extremo, el vacío lo ocupan actividades ilegales. La falta de la presencia del Estado se manifiesta de muchas formas. Su ausencia lesiona a la población en su integridad física y patrimonial. Una persona sin la protección básica del Estado queda indefensa y expuesta a que grupos organizados la sometan.
El vacío de Estado también se ocasiona por la falta de servicios y atención a la población. De hecho, las personas con un ingreso corriente menor a una línea preestablecida de bienestar, y que además no pueden satisfacer necesidades básicas como la de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios básicos de la vivienda y seguridad social, son las que la Ley General de Desarrollo Social ya contempla como pobres. A esa ley le falta reconocer como carencia la de la seguridad y justicia; los más pobres son también los más expuestos a la violencia de grupos que los someten por verse imposibilitados a la seguridad pública y a la justicia.
Cuando no hay autoridad para imponer orden en un territorio por el cual pasan mercancías de las cuales puede disponerse o de mercancías prohibidas que pueden producirse, la ausencia de Estado abre la oportunidad para que la delincuencia organizada actúe a sus anchas. El transporte de mercancías por ductos o por carreteras sin vigilancia son paraísos para el crimen. Lo son también minas de minerales y piedras preciosas; las coladeras de metal de nuestras ciudades y los cables de cobre de la telefonía y la electricidad. Esto sucede en regiones y localidades pobres de México como también sucede en el resto del mundo, incluidos los países desarrollados. Banco Mundial lo ha venido documentando desde 2011 en sus informes y estudios, y The Economist expuso el caso de Alemania de cómo el alza en las materias primas promovió el robo de cables de cobre y otras aleaciones y de cómo con tecnología nuclear marcaron los metales para dar con los delincuentes.
En esta semana el abuso y muerte de varios integrantes de una familia, incluido un niño, en la carretera a Puebla han consternado al país. Lo mismo el enfrentamiento de delincuentes relacionados con el robo de combustible y pérdida de vidas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué está sucediendo? ¿Puede hacerse algo?
En México estamos pagando muy caro las omisiones. Una, sobre el robo de combustibles, queda perfectamente documentada. En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2004 (artículo X transitorio) y en la LIF de 2005 (artículo 40) el Congreso de la Unión instruyó a Pemex “… adoptar en los primeros 45 días del año los sistemas de tecnología de punta que identifiquen los combustibles que suministra al mercado, con la finalidad de abatir la pérdida de ingresos por el robo de combustible…”. Es curioso, sí hubo capacidad del Estado para que el Ejecutivo federal presentara una controversia al artículo X transitorio; pero no hubo la respuesta para atender el fondo del problema. Ya han pasado más de trece años y parece que no se hizo nada cuando existe la tecnología que sigue el rastro del delito. Fallaron todas las instituciones: la Auditoría Superior de la Federación, Pemex, la Secretaría de Energía, la SHCP y todas las dependencias que se sientan en el consejo. No se exigió; no se informó al respecto. En 2009 Pemex envió al Senado de la República un informe reconociendo 462 tomas clandestinas. Para 2016 Pemex Logística reporta 6 mil 159 tomas clandestinas, de acuerdo al Sistema de Transferencia de Custodia.
¿Y qué decir del gobierno estatal, los municipios, su Congreso estatal, sus cabildos? ¿Dónde están los programas de desarrollo regional y de desarrollo social para darle opciones de vida a esas comunidades que ahora se han organizado o las han forzado a participar en una cadena de daño? ¡Cómo hicieron falta los estudios de impacto social y los de impacto ambiental de las comunidades afectadas por la construcción de ductos y carreteras! A nombre del desarrollo nacional fueron arrolladas; ahora pagamos caro las omisiones por no lograr establecer instituciones fuertes para el desarrollo local. El mayor auge petrolero que ha tenido México, tanto por volumen de extracción como por precio, de 2003 a 2014 ni siquiera los contempló. Desde hace tiempo se hacen justicia con propia mano como huachicoleros. Es tiempo de pensar y actuar para que México sea un Estado incluyente que brinda orden, seguridad y justicia a todos.
Economista.
@jchavezpresa
