Hoy hay más políticos que buscan ocupar la presidencia de la República que propuestas para solucionar los graves problemas nacionales. El sentido común aconsejaría que para siquiera aspirar a ser candidato a la presidencia, por un partido político o competir por la vía independiente, se necesita de proposiciones concretas. Sin embargo, hay exceso de aspirantes y una severa escasez de planteamientos con los cómos para mejorar los niveles de vida. La moda y el terreno de competencia es ver qué político ofrece más regalos de alivio estériles que proyectos generadores de prosperidad.
Es triste, pero no hay ideas claras en relación con dos aspectos: uno, incrementar sustancialmente el empleo, y dos, facilitar y favorecer la creación de puestos de trabajo en la formalidad. Con formalidad me refiero a la contratación de empleados que pagan impuestos, están afiliados a la seguridad social y pagan las contribuciones y aportaciones respectivas para acceder al IMSS e INFONAVIT, al ISSSTE y al FOVISSSTE, o cualquiera de los esquemas de prestaciones sociales que otorgan paraestatales y los gobiernos estatales y municipales a sus empleados.
Después de la gran recesión de 2009, indiscutiblemente la población ocupada ha aumentado ininterrumpidamente, con excepción de 2014. La tasa de desempleo también se ha reducido: del máximo alcanzado en julio de 2009 de 6.1% ha bajado a 3.4% al primer trimestre de 2017. México destaca dentro de los cuatro países con menor tasa de desempleo de los que The Economist muestra en sus indicadores. Sólo superado por Japón (2.8%), Hong Kong (3.2%) y Suiza (3.3%). No obstante, al profundizar en lo que sucede en materia de ocupación y empleo las preocupaciones deberían ser enormes.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publica trimestralmente el INEGI es muy reveladora para dimensionar la problemática. En la edición para el primer trimestre estima una población total de 123 millones, mayor en casi 5.5 millones a la última medición de 2012. En ese período la población económicamente activa (PEA) pasó de 51.3 millones a 53.7 millones de personas. La diferencia entre la población total y la PEA es la población no económicamente activa (PNEA), en la cual se encuentra principalmente la población menor de 15 años (alrededor de 26% del total) y las personas que durante la encuesta no realizaron o no tuvieron una actividad económica. La ocupada pasó de 48.8 millones a 51.8 millones de personas, y la desocupada de 2.5 millones a 1.8 millones. Sin lugar a dudas es un muy buen resultado, pero con un detalle a considerar: aunque la informalidad ha reducido su tasa de crecimiento y su participación dentro de la PEA, sigue sin ceder en los números absolutos. La población ocupada en el sector informal pasó de 29.1 millones a 29.6 millones.
En cuanto a la población ocupada en el sector formal, del último trimestre de 2012 al primer trimestre de 2017, el aumento en números absolutos supera a lo que se observó de 2006 a 2012: 2.5 millones vs 1.14 millones. Sin embargo, aquí los dos pequeños detalles en los que hay que profundizar la discusión son: uno, la creación de empleos en la formalidad sigue siendo insuficiente, y dos, los empleos generados en la formalidad están siendo de baja remuneración pese a a emplear a personas con mayor nivel de instrucción.
Preocupa de sobremanera que el número de personas ocupadas en la formalidad con remuneración superior a los 5 salarios míninimos vaya disminuyendo sistemáticamente desde 2006, cuando alcanzó su máximo de 4.1 millones vs 2.2 millones en este primer trimestre de 2017. Simultáneamente el número de personas que reportaron ingreso no especificado aumentó dramáticamente de 1.3 millones a 3.9 millones durante ese mismo lapso.
Tenemos que obligar a los partidos y a los políticos, afiliados o independientes, a abordar los problemas que impiden que la población mejore sus niveles de vida. Ello hace indispensable que debatan con seriedad qué van a hacer en específico con el arsenal de instrumentos de los que dispone el jefe del ejecutivo federal para aliviar la situación precaria de quienes menos tienen, y de cómo aumentará la población en clase media, donde la formalidad es la clave.
Lo que nos quedan a deber los “quieren ser” es cómo utilizarán el arsenal que consta de la gestión de la hacienda pública (impuestos, gasto, patrimonio y deuda), la regulación y supervisión en las distintas áreas de su competencia, las políticas educativa y de salud, la seguridad y procuración de justicia, el auténtico desarrollo social, para incrementar el empleo formal y las remuneraciones al trabajo. Con sinceridad, no tener propuesta a este respecto es ser un político hueco.
Tanta superficialidad ha contribuido a despretigiar a la política y a quienes ejercen el oficio. El vacío de propuestas serias abre espacio a la corrupción, más cuando no se establecen prioridades, y más todavía cuando se carece de la voluntad para entrarle a los temas con seriedad. La política seria obliga a identificar específicamente qué pieza del modelo habrá que ajustar y afinar, o de plano cuál hay que cambiar y explicar de qué consta el componente con el que se sustituirá. Lo que sí es un hecho, visto desde el empleo, México sigue siendo muy injusto. Y es más injusto y más pobre donde no hay la capacidad para generar empleo formal.
Economista.
@jchavezpresa
