Afortunadamente no todo está mal en el país. También hay que cultivar el hábito de reconocer lo que hacen bien los distintos órdenes de gobierno, empresas, trabajadores, ciudadanos y organizaciones sociales, y que todo está sujeto a hacerse mejor. La autoestima cívica sí importa. Todos los países tienen problemas; la diferencia es cómo se organizan y cómo diseñan las instituciones para encontrar las soluciones o las formas para mitigarlos.
En México el Estado democrático de derecho está en construcción. Ha habido avances que se alternan con retrocesos promovidos por codicia de poder que no se topa con límites. Sin embargo, es conveniente recordar que los logros forjados en el país siguieron procesos que respondieron a causas muy concretas. Entre estos ejemplos hay algunos a destacar: la autonomía del Banco de México para atacar de frente a la inflación; la credencial de elector con fotografía y la creación del Instituto Federal Electoral para darle credibilidad a las elecciones presidenciales, y recientemente la aprobación de la reforma energética, entre otras, después de 25 años de debate, para asegurar un suministro confiable y oportuno de energía al país. Estos debates públicos dieron lugar a nuevas instituciones. Para materializar estas respuestas, se reformó el marco jurídico, se crearon y pusieron en marcha las instancias administrativas respectivas. El cambio jurídico es fundamental para establecer las reglas de juego.
Las reglas de juego llegan a constituirse en instituciones cuando logran imponer límites efectivos que generan incentivos virtuosos tanto al Estado como a los particulares. Ahora nos encontramos nuevamente detenidos en la creación de las instituciones que se necesitan para generar los incentivos correctos que atiendan temas torales para el bienestar de la población: impunidad, corrupción y seguridad.
De los diseños institucionales mexicanos que mejor han salido para controlar la amenaza de la inflación tenemos el caso del Banco de México. Para ello fue imprescindible la autonomía, la cual se logró en términos institucionales por lo siguiente: (i) se le dotó de un mandato claro y específico – procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional -; (ii) se le blindó con un enunciado contundente: “… Ninguna autoridad podrá ordenar al banco otorgar financiamiento…”; (iii) se le señalaron sus funciones; (iv) se obligó al poder ejecutivo y al Senado de la República a seguir un proceso riguroso en la selección de los integrantes de su junta de gobierno, y (v) se sujetó a las personas encargadas de la conducción del banco central en caso de que resulten defectuosos a juicio político (ver artículo 28 de la CPEUM). Todo esto ha generado incentivos para la transparencia y rendición cuentas que ayudan a que la política monetaria se concentre en tener bajo control la inflación.
El punto central para contener las conductas de los funcionarios públicos y promover sus virtudes está en los incentivos y en la calidad profesional y moral de las personas que se seleccionan para ocupar cargos de gran responsabilidad en los ámbitos administrativo, económico, jurídico y de seguridad.
La gran debilidad de la democracia mexicana es que no ha logrado que los engranes institucionales lleguen a sincronizarse y sintonizarse para contar con los gobernantes y funcionarios públicos que aseguren una oferta en cantidad y calidad de muy buenos servicios públicos.
Así como hemos tenido muy malos gobernadores, presidentes municipales y funcionarios públicos, también ha habido muy buenos. Llegan a darse buenos gobernantes y buenos funcionarios públicos cuando se juntan varios factores: constituciones precisas que no se pierden en crear derechos humanos que exceden la capacidad de cumplirlos; elecciones competitivas que permiten la alternancia; poderes judiciales autónomos con reputación de imparcialidad; pesos y contrapesos dentro de los congresos federal y locales. Manejo prudente de la hacienda pública, y contratación de deuda pública única y exclusivamente para ampliar la infraestructura que aumenta y mejora la calidad de servicios públicos. Seleccionan personas capaces con probidad para ocupar los cargos clave. El incentivo a continuar en la actividad política o en el servicio público ayuda, pues acumulan “bonos” por buenos resultados. Por ejemplo en el caso de los gobernadores, el incentivo a buscar la candidatura a la presidencia de la República de sus partidos políticos les da el incentivo a mostrar buenos resultados en la gestión de sus gobiernos.
El buen funcionamiento de las instituciones requiere de una materia prima llamada honestidad. Ésta es esencial para tener buenos gobernantes y funcionarios públicos de excelencia, pero sólo es una condición necesaria. Es indispensable alinear adecuadamente los incentivos. Para ello la participación de la sociedad es fundamental al exigir: legislación pertinente; transparencia útil y real; rendición de cuentas efectiva, y la garantía de que la coacción de las leyes no es una excepción. Esta es la clave que propicia el incentivo a cumplir. Las instituciones se crean para que los malos no se salgan con la suya.
Economista.
@jchavezpresa
