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Estamos enojados. Nos sentimos engañados. Y las revelaciones sobre los abusos de poder de muchos que ahora son ex-gobernadores son combustible para incendiar nuestra indignación. Más allá de que si fue el de Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Sonora, más los que vayan acumlándose cada semana, hay una pregunta básica a formular: ¿por qué están saliendo tan defectuosas las gestiones de un número muy importante de los gobernadores?
En realidad no debemos sentirnos sorprendidos que las gestiones de muchos gobernadores estén plagadas de abusos en el uso del poder público y en la malversación, desviación e ineficiencia al ejercer recursos públicos. El diseño del puesto de gobernador tiene gravísimas deficiencias. Por ello, este cargo público de elección popular para mantenerlo disciplinado estuvo bajo control metaconstitucional. Si alguien supo de la existencia de esa herramienta de gobernación fue el presidente Salinas de Gortari. Durante su gestión 1988-1994 se dio el mayor número de cambio de gobernadores. Era cuando el PRI empezaba a dejar de ser partido hegemónico y el PAN arribaba a las gubernaturas.
Las deficiencias empiezan por el hecho de que las responsabilidades básicas de los gobiernos estatales, a decir de nuestra Constitución, son residuales. Esto es que todo aquello que no sea materia federal o municipal puede ser del ámbito estatal. La excepción fue el D.F., que primero fue Departamento del Distrito Federal y por lo tanto parte del sector público federal.
En verdad: ¿de qué son responsables los gobiernos estatales y por lo tanto sus gobernadores? La descentralización de la administración de servicios públicos como la educación pública y la salud fueron un caso, en muchas partes un ejercicio fallido, de responsabilizar a los gobernadores de estos servicios públicos a fin de estar más cerca de la población y volverlos cides campeadores, al competir entre ellos por lograr los mejores resultados.
Conceptualmente era lo correcto; sin embargo, políticamente se echó a perder. Recordemos cómo la descentralización de la educación básica pronto se pudrió. El poder electoral del magisterio alineó todos los incentivos para obligar en los hechos a los gobiernos estatales a pactar dos negociaciones salariales. La líder del SNTE era el factótum en las elecciones estatales y lo escaló para serlo también en las del orden federal.
A esto habrá que agregar que el auge petrolero llevó un exceso de dinero a los gobiernos de los tres órdenes. Cada vez se fueron deteriorando la calidad profesional y ética de los integrantes de los equipos de los gobernadores. La tradición era llevar a los principales puestos a funcionarios federales oriundos de esos estados que acumulaban experiencia federal relevante. Si a esto se le agrega la falta de pesos y contrapesos en las administraciones estatales, al designar los gobernadores a legisladores y a los líderes de bancada, a los titulares del poder judicial y a los auditores superiores, el poder discrecional de los gobernadores es inmenso y ya es disfuncional. Y si a ello aunamos el miedo y terror que desde las oficinas de gobernadores se puede ejercer sobre los medios de comunicación locales como periódicos y estaciones de radio, se gesta el coctel perfecto para la impunidad y en consecuencia el abuso.
La federalización (sic) del gasto público, pese a que se cambió la Ley de Coordinación Fiscal para agregarle el capítulo de Aportaciones Federales, es también responsable de que exista materia para el abuso. En las presidencias de 2001 a 2012 no se atrevieron a ejercer todas las facultades que ya poseía el orden federal para exigir el orden en las erogaciones que provenían de nuestros impuestos federales.
Visto el desorden, ya muy tarde, inicia la moda de volver a centralizar todo vía la Constitución. Un gran acierto fue el de tener legislación federal en materia de contabilidad gubernamental (2007-2008). Siguió la legislación federal en materia de deuda pública (2014 a 2016). Un paso atrás, fue darle a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de auditar las participaciones federales, cuando lo más indicado era fortalecer la autonomía de las auditorías superiores estatales.
Escrito lo anterior: ¿es fatalidad o sí puede hacerse algo? Definitivamente se pueden hacer muchas cosas. El marco jurídico debe responsabilizar a los gobernadores del desarrollo en el Estado y de abatir la pobreza. Esto implica que deben ser 100% responsables de lograr que impere la Ley y prevalezcan el orden y la seguridad para proteger la integridad física y patrimonio de las personas. Por lo tanto, deben tener abiertos los canales con el orden federal para intervenir oportunamente. Si no lo hacen, es porque en su caso son cómplices de la delincuencia organizada. En cuanto a la selección de la persona: la principal responsabilidad la tienen los partidos políticos. Ellos son responsables de verificar que además de tener las competencias para gobernar, son honestos, aunque el arca esté abierta. Y en la sociedad también somos responsables: debe estar prohibido quedarnos callados y no hacer nada. La omisión también es pecado.
Economista.
@jchavezpresa
