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El año 2016 será un hito para la historia contemporánea del mundo y para México. Será el año en el que paradigmas se han derrumbado. Lo que era incuestionable y considerado como lo razonable dejó de serlo. El mundo se ha hartado de la globalización; personas de a pie quieren “des-globalizarse”, pues no se sienten ser tomados en cuenta en la distribución de los beneficios del intercambio de bienes y servicios. También hay un reclamo a la inmigración; piden detenerla.
¿Quién habría pensado que el Reino Unido votaría por salirse de la Unión Europea? En Colombia, mediante plebiscito, se rechazó el acuerdo por la paz con las FARC. En Estados Unidos, un agresivo y codicioso hombre de negocios, famoso por sus programas en la televisión, ajeno a la política y al servicio público, sin militancia en el Partido Republicano, gana a políticos de carrera en las elecciones primarias la candidatura a la presidencia. Y lo inesperado: Donald Trump le gana a Hillary Clinton en las elecciones a la presidencia. Su triunfo es por el voto del colegio electoral, pues ella en el voto popular le ganó con más de 2.6 millones de sufragios.
El triunfo del señor Trump tiene fuertes implicaciones en la economía mexicana. Las amenazas que se dedicó a pregonar durante la campaña fueron: obligar a México a pagar la construcción del muro en la frontera, tomando como rehén a las remesas; deportar masivamente a mexicanos indocumentados; renegociar el TLCAN para beneficiar a trabajadores desplazados en los Estados Unidos que perdieron su empleo por haberse transferido sus fuentes de empleo a México, y en su caso cancelar el TLCAN, y detener el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
Otra promesa de campaña que tiene un amplio respaldo en la Cámara de Representantes como en el Senado, es la reducción de impuestos a las empresas y a las personas. La disminución de impuestos será un importante estímulo a la economía estadounidense, lo cual es congruente junto con el ambicioso programa de inversión en infraestructura.
Esta promesa de campaña de bajar impuestos es quizá la que más probabilidades tiene de materializarse a la brevedad. Ambas cámaras legislativas, dominadas por el Parido Republicano, votarán su aprobación.
En Estados Unidos, aun a las personas de bajos ingresos, les disgusta el pago de altas tasas impositivas. De concretarse esta baja, México tendrá que ajustar el gravamen equivalente, esto es el Impuesto sobre la Renta a personas morales como a personas físicas, para ser fiscalmente competitivo. Esto le llega en uno de los momentos de mayor fragilidad a la hacienda pública mexicana que ya enfrenta una presión por el alza en las tasas de interés. Las tres principales agencias calificadoras de riesgo crediticio ya pusieron en “perspectiva negativa” a la deuda del gobierno federal mexicano. Lo hacen porque no ven que la economía mexicana esté creciendo lo suficiente como para que la relación deuda a PIB disminuya. Por el contrario, ven que la llegada del Sr. Trump implica freno a la inversión extranjera; por lo tanto, menos demanda agregada y menos crecimiento económico.
La relación económica con Estados Unidos y el proceso de integración económica en América del Norte que considerábamos incuestionable y dada, se ha desvanecido. Los márgenes de maniobra para no tomar decisiones de fondo se han reducido y México tiene que actuar. El TLCAN le dio a la economía mexicana un espacio para una zona de confort. Es cierto, las reformas estructurales que se aprobaron por el Pacto por México nos pusieron a tiempo en destiempo. No obstante, bajo ninguna circunstancia debe aflojarse el ritmo y énfasis para su eficaz ejecución.
La baja de impuestos en Estados Unidos sí plantea la necesidad de una auténtica reforma de la hacienda pública que abarca desde la composición de los ingresos por los distintos impuestos que hoy se recaudan, como la recomposición del gasto público, y la relación fiscal entre órdenes de gobierno. Entre los temas más delicados están el nivel y dinámica al alza del gasto público, sin mencionar su baja eficacia para reducir pobreza e impulsar crecimiento económico. Es imperativo modificar la relación fiscal con las entidades federativas; éstas no responden adecuadamente para transformar los impuestos en bienes y servicios públicos de valor para la sociedad como lo es la seguridad pública. El déficit en ese renglón es inmenso. Es fundamental pasarlo a un superávit para darle legitimidad al cobro de impuestos con bases de contribuyentes más amplias. La reforma fiscal de 2013 optó por el énfasis en el ISR; esto deberá cambiar si Estados Unidos baja sus tasas.
Es menester que tanto precandidato para las elecciones de 2018, empiece a tener propuestas sustantivas. El tiempo se agotó.
Economista.
@jchavezpresa