Más Información
La situación económica, política y social por la que atraviesa México enfrenta un grave problema de funcionalidad: la falta de coordinación entre los gobiernos federal y los gobiernos estatales y Ciudad de México (CDMX); entre los gobiernos estatales y municipales, y entre el de la CDMX y las delegaciones.
La disfuncionalidad se manifiesta de una forma muy evidente: cada uno de estos órdenes de gobierno actúa como si existieran ciudadanos federales, ciudadanos estatales o de la CDMX y ciudadanos municipales. Si hubiera una coordinación gubernamental eficaz y eficiente, cada uno de estos órdenes de gobierno tendría una división del trabajo y distribución de responsabilidades con los recursos necesarios enfocados en un solo objetivo: atender al ciudadano de tal forma que pueda acceder a mejores condiciones de bienestar, o, en su defecto, a mínimos de bienestar.
Algunos analistas argumentarían que la dificultad para lograrlo estriba en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Si bien la CPEUM es en muchas ocasiones muy precisa en determinar qué facultades y, por lo tanto, qué responsabilidades le toca a cada orden de gobierno, en otras no lo es. Por ejemplo, es muy preciso en cuanto a que corresponden al orden federal las relaciones exteriores, la banca central, la regulación del sistema financiera, entre lo más destacado. Sin embargo, en otros aspectos no lo es. Si bien las Fuerzas Armadas son del ámbito federal, y en esencia son para protegernos contra amenazas que atentan contra la integridad del territorio nacional, hoy, debido al vacío o debilidad de los gobiernos estatales y municipales en materia de seguridad pública, se requiere la presencia del Ejército y de la Marina.
En cuanto a los recursos de los que cada orden de gobierno puede hacerse para poder cumplir con sus responsabilidades (potestades tributarias), la CPEUM establece que los tres órdenes de gobierno concurran. Sujeto al riesgo de simplificar, los impuestos al comercio exterior, los que se establecen a los recursos naturales, hidrocarburos, a las bebidas alcohólicas y el tabaco, se reservan al orden federal. Al ámbito municipal y al gobierno central de la CDMX se reserva el cobro del impuesto a los inmuebles, conocido como predial. Las bases impositivas del ingreso de las personas y de las empresas, así como la base gravable del consumo podrían ser gravadas por los tres órdenes de gobierno. Esto ya ocurrió cuando los gobiernos estatales gravaban el consumo a través del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, un impuesto similar al impuesto sobre ventas que tienen los gobiernos estatales en Estados Unidos.
Sin embargo, con la finalidad de darle funcionalidad al cobro de impuesto de estas bases, simplificar la multiplicidad de impuestos locales que existía, y con ello poder introducir un impuesto más eficiente y poderoso al consumo como el Impuesto al Valor Agregado y con ello recaudar más, se aprobó a fines de diciembre de 1978 la Ley de Coordinación Fiscal para darle al gobierno federal la exclusividad de gravar las bases de ingreso y consumo a cambio de distribuir la recaudación de estos impuestos a los órdenes estatal/DF y municipal.
La distribución de esta recaudación, que se conoce como participaciones de ingresos federales, se da a través de fórmulas, las cuales se han venido cambiando y los porcentajes se han incrementado. Estos ingresos son de libre disposición para las entidades federativas y municipios, y hasta el año pasado sólo sus auditorías estatales eran las responsables de revisarlas.
La historia se complica cuando a esta Ley de Coordinación Fiscal se le agrega el Capítulo de Aportaciones Federales (a partir de 1998), en el cual se establecieron las definiciones de varios fondos que agrupan responsabilidades y recursos que el gobierno federal descentralizó. Estos fondos básicamente han seguido una distribución inercial y su monto agregado depende de la estimación de ingresos por impuestos y derechos que se estima recaudar en el siguiente ejercicio.
Estoy seguro que ya logré confundir a mis lectores. Pues esta complejidad se vuelve más difícil de explicar, valga la redundancia, y de negociar cuando vienen los recortes al gasto público federal. Es tal la dependencia y centralización en el orden federal por haber concentrado las potestades tributarias, que no deben extrañar las manifestaciones que ahora han hecho el gobernador de Michoacán, a nombre de los gobernadores que llegaron con las siglas del PRD , y la del jefe de Gobierno de la CDMX. Y seguramente seguirán las del Bronco y las de los gobiernos estatales que tienen gobernadores del PAN. La cobija auténticamente se encogió y es más fácil recurrir y exigirle al gobierno federal que ajustar los gastos de programas que se duplican con programas federales y municipales. La cena de negros apenas está comenzando y afortunadamente tiene fecha fatal: el 15 de noviembre.
Economista.
@jchavezpresa
