Más Información
Si verdaderamente estamos interesados en transformar a México, entonces hay que medir bien lo que buscamos cambiar. Y lo que no puede seguir es un México mayoritariamente con pobres que no tienen acceso a los derechos sociales que ofrece el Estado mexicano, y el otro México minoritario que sí puede ejercer estos derechos y acceder a oportunidades de mayor desarrollo personal.
Dicho esto, la reciente confrontación entre el Inegi y el Coneval sobre la imposibilidad de comparar los datos anteriores con los del módulo más reciente sobre las condiciones socioeconómicas de la población segmentada por niveles de ingreso, es para que en México nos preocupemos y ocupemos por medir bien y con la mayor precisión los ingresos de las personas.
El tema de los ingresos es de tal relevancia para todo lo que hace el Estado a través de sus gobiernos en el ámbito federal, estatal y municipal. Es información fundamental para determinar la mejor forma para que cada uno de los mexicanos contribuya con el pago de sus impuestos y otras contribuciones de manera proporcional y equitativa. No es de extrañar que, pese a los esfuerzos por recaudar más, sigamos siendo uno de los países que dispone de las menores cargas tributarias. Si los impuestos y otras contribuciones no se diseñan adecuadamente y se carece de los medios para verificar los ingresos y actuar con las sanciones correspondientes, se da todo el espacio para que la informalidad se expanda a sus anchas.
También la medición del ingreso de las personas es esencial para el diseño de las distintas intervenciones del Estado, es decir, del diseño de las políticas públicas que tienen identificados problemas bien definidos de poblaciones objetivo. Hay que reconocerlo, hoy lo que sí sabemos es que el Estado mexicano está gastando recursos públicos inmensos a través de una extensa gama de programas que denomina “sociales” que no son sostenibles con las contribuciones actuales.
Por lo tanto, la medición adecuada del ingreso de las personas es también un tema de vital importancia para la política de gasto público y de cada uno de los programas que conforman el presupuesto. En México nos impusimos un umbral muy alto para medir la pobreza. Fuimos más allá de la definición de los ingresos de las personas y establecimos en nuestro marco jurídico que, para no ser pobre, habría que tener acceso a: educación, salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, alimentación y servicios básicos. Eso son precisamente los datos que sirven como insumo para la medición de la pobreza. En consecuencia, si se quiere determinar que el número de pobres, medido por las carencias, disminuyó de un período a otro, los datos que se derivan de las encuestas que siguen una metodología previamente determinada deben guardar congruencia. Es aquí donde explotó la confrontación.
No obstante este desaguisado, hay una realidad que no puede soslayarse: uno, el Estado mexicano a través de sus distintos órdenes de gobierno carece de padrones confiables de beneficiarios de programas sociales a través de los cuales están recibiendo recursos públicos que cambian su nivel de ingreso. Y dos, las personas en todas partes del mundo tienden a declarar que perciben menos ingresos de los que en realidad obtienen los hogares. Un caso concreto es el que midió el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. El estudio del CEMLA llega demostrar que no se están declarando en las encuestas correspondientes el monto verdadero de lo que los hogares reciben por remesas del extranjero. Ergo, si se hace el ajuste correspondiente, muchísimos hogares dejarían de estar por debajo de la línea de la pobreza. Eso precisamente es lo que pretendió hacer el Inegi con el nuevo módulo de condiciones socioeconómicas, al capacitar a los encuestadores a llevar cabo más visitas al hogar encuestado y encuestar a todos los mayores de 12 años de edad.
La confrontación Inegi y Coneval no sólo incumbe a expertos técnicos. Nos debe ocupar a todos si verdaderamente el objetivo es transformar a México, porque no nos queda más alternativa que diseñar políticas públicas adecuadas y cuidar los escasos recursos fiscales.
Economista.
@jchavezpresa.
