Los capitalinos no estamos satisfechos con la situación que guardan muchos aspectos de la Ciudad de México (CDMX). No es sólo la calidad del aire y la forma de cómo se ha manejado lo que nos tiene molestos; menos aún tomar consciencia de que llegar al extremo de la aplicación de las contingencias ambientales es resultado de la acumulación de malas decisiones y, más aún, de grandísimas omisiones. Una de éstas es la falta de inversión en infraestructura para ampliar y mejorar un transporte público masivo diseñado para todos. Nos frustra que la CDMX, pese a concentrar un valioso capital humano, o como algún día me lo hizo ver uno de los últimos regentes del DF, siendo la capital política, la capital económica, la capital cultural, la capital religiosa, la capital deportiva, la capital de los medios de comunicación, esté en una deplorable situación.
Todos los días vemos y vivimos sus problemas, pero no vamos más allá de quejarnos entre nosotros. ¿Por qué no reaccionamos? Tengo una hipótesis: porque el gobierno del DF de los últimos 19 años, que ahora pretendemos dejar atrás, se caracterizó por su opacidad. Perdón, por la oscuridad con la que ha manejado los asuntos públicos y sobre todo los estadísticas relacionadas con las políticas y el uso de recursos públicos. Todavía nos queda fresco en la memoria que los contratos relacionados con la magna obra pública del gobierno de AMLO, los famosísimos segundos pisos, fueron clasificados como información reservada. O que transparencia es sinónimo de publicar todos los días dos números: cuánto ingresó y cuánto gastó. Y más recientemente la línea 12 del Metro que, al cerrarse por fallas en lo que haya sido (mantenimiento, estructura, cambio de los trenes, etcétera), dejó sin servicio a casi medio millón de personas. Los ejemplos son interminables. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Hay remedio?
La conclusión a lo anterior es que nuestra primera Constitución en la CDMX tiene que darle prioridad a que los principios de transparencia y rendición de cuentas queden asegurados. Esto tiene que lograrse de tal forma que tengamos la seguridad de que el gobierno central de la CDMX, las nuevas alcaldías y sus concejos, su asamblea, su Poder Judicial, además de producir los informes periódicos con información relevante, pertinente y oportuna, dé a conocer las razones de lo que quiere hacer, de lo que está haciendo y de lo que ha hecho. Aunque los funcionarios que lleguen no tengan la disposición de ser transparentes y de rendir cuentas, necesitamos que la nueva Constitución los obligue a serlo.
Por si lo escrito antes no basta me remito a las pruebas. El Instituto Mexicano para la Competitividad se ha dado a la tarea de elaborar y publicar un índice de información presupuestal de las entidades. De manera constante, CDMX ha estado entre los más retrasados, sólo precedido por Zacatecas, Michoacán y Quintana Roo, y seguido por Guerrero. Para 2015 la capital logró en este índice 60%, siendo los mejores Coahuila, Jalisco y Puebla.
Este índice lo hace a partir de la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y el presupuesto ciudadano de cada estado. Entre los aspectos que este índice toma en cuenta está el de la apertura en las clasificaciones de gasto. En este aspecto el presupuesto de egresos de la CDMX es en lo que peor sale calificado. Son muchos aspectos que no contiene, como por ejemplo abrir el gasto para conocer los servicios personales, los materiales y suministros, servicios generales, la apertura programática y de proyectos. La Ciudad también sale muy mal calificada en cuanto a la información sobre las plazas/puestos que dan cuenta del nivel y responsabilidad de las personas que se contrata, así como sus remuneraciones.
Los entes gubernamentales que hasta ahora he conocido en México y en el extranjero que funcionan bien, prestando muy buenos servicios públicos, son aquellos donde prevalece la transparencia y la disposición a rendir cuentas. Por lo general, los malos servicios públicos están asociados a la opacidad y, en el extremo, a la obscuridad absoluta. La transparencia y rendición de cuentas son principios fundamentales que nuestra nueva Constitución en la CDMX debe asegurar. Esto debemos lograrlo para que nazca la Ciudad que todos queremos.
Candidato a diputado constituyente por el PRI.
Economista.
@jchavezpresa
