México tiene un problema grave de seguridad pública; cuando menos desde hace más de dos décadas. Se agudizó a fines de 2006 cuando el presidente Calderón decide declararle la guerra al narco. Hasta la fecha los números no parecen indicar una mejoría sustancial, menos aún puede hablarse de cura. Y, “haiga sido como haiga sido”, es una vergüenza que el Estado mexicano no haya tenido la capacidad para construir una propuesta de Estado decorosa para cumplir con su principal razón de ser: dar seguridad para proteger la vida e integridad física de las personas y la protección de su patrimonio.
A falta de análisis y diagnósticos serios y precisos para cada entidad federativa, cada administración federal da bandazos y pretende inventar el hilo negro y el agua tibia, ignorando lo que ha hecho la anterior. El presidente Zedillo crea en enero de 1999 la Policía Federal Preventiva dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob); se inician los controles y exámenes de confianzas; ésta se reestructura en 2009 como Policía Federal con facultades de investigación para enfocarse contra la delincuencia organizada como parte de la Secretaría de Seguridad Pública creada por el presidente Fox. Dos sexenios después vuelven a reintegrarse las funciones de seguridad pública a la Segob.
El primer secretario de Seguridad Pública se dedica a perseguir a los altos funcionarios de la administración anterior, desmantela protocolos y se da el primer escape de El Chapo. El presidente Fox crea también la Agencia Federal de Investigación, para luego fusionarla con la Policía Federal Preventiva. Luego como otra novedad sexenal la Gendarmería. La constante es el bandazo.
Dinero federal no ha faltado. En 1999 se incluyen por primera vez recursos en el Ramo 33 Aportaciones Federales para el Programa Nacional de Seguridad Pública, el cual luego evoluciona al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública. Lo que sí ha faltado es dinero desde los municipios y estados para la seguridad. Son excepciones los municipios que sí invierten en seguridad pública. Lo ha hecho el de San Pedro Garza García de NL; otra policía municipal que ha destacado ha sido la de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Quiero saber más sobre el Mando Único y lo que predomina es la falta de transparencia; lo que prevalece es la escasez de cifras y como consecuencia de análisis y diagnósticos de lo que se pretende resolver. El tema no es nuevo, pero sí es un caso de falla del Estado incapaz de disponer de la planeación y de los instrumentos de ejecución para resolver un problema.
Encuentro que los presidentes Calderón y Peña Nieto han enviado al Senado de la República iniciativas de reforma constitucional para introducir el Mando Único. El primero lo hizo en octubre de 2010, y el segundo en diciembre de 2014. Sorprende que la iniciativa de 2014 use como uno de los principales argumentos la respuesta del Estado alemán “al aumento del crimen organizado y el terrorismo durante la década de 1970”.
Me sorprendo aún más con el ejemplo, pues lo que Alemania tiene de federalista, México lo tiene de centralista. Desde el presidente Fox, el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión se han dedicado a desprestigiar la marca de gobernador.
La pérdida de confianza la han manifestado con hechos: ahora es el Congreso el que legisla en materia de contabilidad gubernamental y deuda pública. Los gobiernos estatales pierden la confianza del gobierno federal en el manejo de los recursos para la educación básica, y se centralizan de nuevo en el gobierno federal. Hay severos cuestionamientos en el manejo estatal de los recursos federales para salud, en especial la compra de medicamentos. Si en rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, recursos para la educación y salud, impera la desconfianza de la Federación, ¿qué asegura que en materia de seguridad con el Mando Único, los gobiernos estatales defiendan nuestra integridad física y patrimonial?
Reconozcamos algo para hacerlo mejor: no hay una propuesta clara y sólida para aterrizar en todo el territorio nacional el modelo de Mando Único. No se ha pensado ni se ha propuesto un mecanismo de contrapeso con representación social legítima para evitar los abusos. No nos hagamos bolas: el modelo de seguridad pública que necesitamos es uno donde nos aseguren a los ciudadanos que ningún funcionario federal, estatal y municipal pueda llegar a someterse a las órdenes del crimen. No más Ayotzinapas, no más Tierras Blancas.
Economista. @jchavezpresa
