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Hay una percepción equivocada: prevalece la idea de que como país el Estado mexicano recauda lo suficiente en impuestos como para cubrir satisfactoriamente el costo de todos los servicios públicos federales, estatales y municipales. Sin embargo, esto no es así. En el agregado, la carga fiscal en México, medida como el monto que ingresa anualmente al erario federal por concepto de impuestos como porcentaje del valor de todos los bienes y servicios de uso final producidos en territorio mexicano, esto es el Producto Interno Bruto (PIB), no es sólo de las más bajas en el mundo, sino también entre los países latinoamericanos. Si bien esta comparación llama la atención, lo que es aún más preocupante es el hecho de que la recaudación de todos los gravámenes no alcanza a cubrir el gasto del gobierno federal, menos todavía el de la suma de los egresos de los tres órdenes de gobierno.
En México, el gasto público se ha venido financiando crecientemente desde 2003 hasta 2015 con los ingresos derivados de la venta de petróleo y del endeudamiento público. O dicho de otra forma, lo que contribuimos por concepto de impuestos no alcanza ni siquiera para pagar el gasto corriente, y del gasto programable ya mejor no hablamos.
Para 2016 el Ejecutivo federal le está dando, a fuerza de la crisis en el mercado petrolero, un golpe de timón al financiamiento del presupuesto de egresos del gobierno federal. Resultado de la reforma fiscal de 2013, por el ISR, IVA, IEPS y otros impuestos, de los ingresos totales incluyendo el endeudamiento neto, 67 centavos de cada peso de gasto estará financiado por impuestos. Ya sólo 13 centavos de cada peso de gasto estará financiado por ingreso petrolero. Esto contrasta con 2014, donde 23 centavos de cada peso de gasto del gobierno federal se financió con derechos de hidrocarburos.
Si bien esto es un avance importante, sigue el gran problema y éste crecerá porque hay presiones inminentes. El pago por pensiones continuará al alza; ahora también el costo financiero de la deuda pública aumentará por dos factores: uno más saldo de deuda pública y el incremento en las tasas de interés. A estas presiones se sumará el costo de la transición epidemiológica en salud, más cobertura y mayor calidad en la educación media superior y educación superior para que el bono demográfico sea auténticamente un activo, y también que habrá que destinar más recursos públicos a la seguridad para acotar y reducir el avance de la delincuencia organizada nacional y global.
La reingeniería del gasto que inició la SHCP este año continuará, primordialmente como una necesidad para acomodar las presiones.
La estrella de la recaudación en 2014 fue el IVA, por la atinada reforma de homologar la tasa en todo el territorio nacional. En 2015 las estrellas están siendo la recaudación de los IEPS, primordialmente los que se aplican a los combustibles automotrices, y la del ISR. Con ello queda demostrado que la mejor cobertura frente a la caída en los precios del petróleo somos y seguiremos siendo los contribuyentes mexicanos. Y para 2016, ¿cuál de los impuestos será el protagonista? Será el conjunto de la cartera de impuestos de los que dispone el Ejecutivo federal. A estos esfuerzos federales se deberán sumar los esfuerzos de los municipios, y en los gobiernos estatales y del DF a emprender la reingeniería del gasto desde la siguiente perspectiva: es fundamental racionalizar la competencia entre órdenes de gobierno y frenar la carrera desenfrenada por inventar programas con la denominación “desarrollo social”. Ya se ha demostrado que estos programas no están contribuyendo a reducir pobreza ni a mejorar las condiciones para impulsar el crecimiento económico. Como ciudadanos estamos observando una perversidad: el manejo político del gasto para favorecer apoyos que crean clientelas en lugar de destinar los recursos públicos a mejorar los servicios públicos. El problema es que al político le resulta más cómodo inventar un programa de apoyo que incurrir en el esfuerzo de prestar servicios públicos de calidad.
El fortalecimiento de la hacienda pública es un proceso largo que requiere de mucho cuidado, pero es indispensable acompañarlo de una renovación de un pacto social que haga efectivo el acceso a servicios públicos de calidad como salud y educación que emparejen las oportunidades, seguridad pública, administración y procuración de justicia que crean ambientes de confianza y certeza para atraer inversiones generadoras de empleo. Todo lo demás es demagogia.
Economista.
@jchavezpresa