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Es posible que estemos viviendo los últimos días de Donald Trump como presidente de EU. El cerco donde lo encerraron sus enemigos se cierra cada vez más. Algunos eventos recientes indican que estamos acercándonos al juicio por desafuero (impeachment), o en el mejor de los casos a una renuncia negociada.
La renuncia pudiera ser lo más sensato, pero no para un ególatra que ha pasado buena parte de su vida en tribunales y disfruta los reflectores, que en esta ocasión vendrían acompañados de una intrincada trama de hackers rusos, Vladimir Putin y embajadores dirigidos desde el Kremlin con derecho de picaporte en la Trump Tower.
La salida de Trump sería una bendición para México, pero muy mala noticia para EU. Significaría el regreso triunfante de Hillary Clinton (crooked Hillary) para asumir finalmente el histórico puesto de “primera presidenta”, y desde esa situación privilegiada consolidar la fortuna familiar, calculada en 150 millones de dólares, escondida en esa ficción “caritativa” conocida como “Fundación Clinton”.
Por lo pronto ya se mueven los hilos que permitirían bloquear el regreso de Hillary, y se habla sin temor en los medios de temas escabrosos como los miles de correos electrónicos arrinconados en el sótano de su casa, y la reunión clandestina que durante la campaña sostuvo su marido Bill en una solitaria pista de despegue de Arizona con la procuradora general Loretta Lynch. Bill intentaba detener en la cuna cualquier investigación que pudiese afectar la campaña presidencial de Hillary, que hasta ese momento iba viento en popa.
La reunión de Bill con la procuradora constituyó el delito conocido como “obstrucción de la justicia”. Y por eso un grupo de jóvenes congresistas ha solicitado la designación de un fiscal especial que analice la conducta de Hillary cuando fue secretaria de Estado.
En el caso de Trump la situación está cada día más complicada. Se designó hace un par de meses un fiscal especial (Special Counsel) con plenos poderes para investigar la injerencia de Rusia en las elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca. El fiscal designado, Robert Mueller, resultó ser un distinguido y respetado ex director del FBI, versado además en Derecho corporativo.
Mueller convocó la semana pasada a un “gran jurado”, para que revise la evidencia, cite testigos y decida si el caso amerita el ejercicio de la acción penal. El “caso”, por supuesto, es la reunión que sostuvo Donald junior en la Trump Tower con la ridícula excusa de recibir información para descarrilar la campaña presidencial de Hillary.
Se supo la semana pasada que el gran jurado convocado por Mueller se está moviendo con rapidez. Ya ha emitido citatorios solicitando testimoniales, comparecencia de testigos y entrega de documentos relevantes bajo “pena de ley”. Por sus declaraciones, parece obvio que el fiscal especial sospecha “lavado de dinero”.
Analista político