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Es tiempo de ampliar la discusión, aprobación y ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. Por ejemplo, ¿cómo y quién decide qué temas de la Ley de Ingreso se someten a discusión?, ¿es acaso privilegio de unos cuantos? La democracia no sólo sirve para elegir a las autoridades, es el método ideal para discutir los problemas públicos y plantear acciones para solucionarlos. El debate presupuestario debería estar en el centro de la deliberación pública: debe involucrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a diputados, a senadores y, claro, a la población. La discusión sobre cómo se hará de ingresos el Estado y sobre cómo los gastará es el espacio en el que se definen las prioridades de un gobierno a corto plazo y sus estrategias para lograr el desarrollo económico en el mediano y largo plazo. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos nos permiten, en síntesis, modelar el futuro inmediato de nuestro país.
Ya hemos andado parte del camino para transparentar el presupuesto. En septiembre de este año la Alianza para el Presupuesto Abierto publicó el Índice de Presupuesto Abierto (IPA) y México obtuvo 66 puntos de 100, lo cual lo ubica en el lugar número 17 de 102 países. Esta calificación es reflejo de las acciones que el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Poder Legislativo, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, han realizado para informar en lenguaje sencillo un tema técnico como lo es el proceso presupuestario y el desempeño de sus programas.
Sin embargo, no basta con publicar la información, es necesario fomentar su uso para discutir, implementar, incidir y evaluar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. De acuerdo al IPA, nuestro país debe fortalecer la participación pública en el proceso presupuestario. Este índice sólo toma en cuenta el nivel federal, por ello estados y municipios deberían replicar las buenas prácticas de transparencia e innovar en materia de participación. Además, la transparencia presupuestaria no es sinónimo de calidad y eficiencia en el gasto. En este sentido, la información presupuestaria debe servir para analizar si el gasto público da los resultados esperados en función de las expectativas generadas.
Hoy es urgente emprender acciones para disminuir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Por estos motivos, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos son temas centrales de la vida democrática en México. Las decisiones sobre la implementación de la Ley y el Presupuesto pueden reducir o ampliar la brecha entre las expectativas de la población sobre el funcionamiento de la economía y el desempeño de la democracia. En México las condiciones materiales de vida pueden complicar o incluso impedir la apropiación y ejercicio de los derechos: un presupuesto que no incluye acciones para combatir la desigualdad económica, la convierte en desigualdad social.
La información pública debe ser el insumo para que autoridades y población discutamos las formas en que el Estado se hará de ingresos y cómo los gastará, además de acompañar su implementación. La información pública debe servir para promover una mejor política de evaluación y analizar si el ejercicio del presupuesto detona el desarrollo económico que necesitamos para disminuir la desigualdad y la pobreza. Así daremos los pasos necesarios para restaurar la confianza de la población en nuestra democracia.
Comisionado del Inai y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.
@joelsas
