Finalmente el destino privatizador nos alcanzó, y sus malévolas consecuencias hoy aguijonean a la mayoría de la sociedad mexicana con el anuncio de un alza de precios a la gasolina y al diésel entre el 15 y 20 por ciento dentro de unos cuantos días.
Hace tres años, diciembre de 2013, cuando se llevó al cabo la reforma a la Constitución para quitar al Estado mexicano la propiedad que tenía la nación sobre los energéticos a través de Pemex y CFE, el gobierno de Enrique Peña Nieto dijo que era para fortalecer a nuestras empresas, así como la rectoría del Estado mexicano sobre nuestras riquezas en la materia, y que el objetivo era propiciar una mayor inversión, mayor competencia y bajar los precios de los combustibles y la electricidad.
Desde el PRD dijimos —a principios de 2013— que era urgente una reforma energética que pusiera en el centro mantener la propiedad de la nación sobre sus recursos, que fortaleciera a Pemex y CFE y se combatiera a fondo la corrupción, especialmente en el sindicato petrolero.
EPN y sus aliados no hicieron caso de ello; el PRD se opuso a la reforma privatizadora y votó contra ella, lo cual provocó la ruptura del entonces Pacto por México.
Paralelamente exigimos una Consulta Popular (figura establecida en la Constitución), a fin de que la gente decidiera en las urnas y para lo cual se efectuó una campaña nacional de información sobre lo que significaba la reforma de Peña y lo que nosotros proponíamos para modernizar a Pemex sin privatizarlo.
Se recabaron más de tres millones de firmas con datos de ciudadanos que apoyaron la petición para que no fueran solo las cámaras de senadores y de diputados quienes decidieran el rumbo de un sector que ponía en riesgo nuestra seguridad energética y nacional.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la demanda de otorgar al pueblo de México, el derecho a decidir sobre el futuro de sus riquezas energéticas por lo que ejercimos nuestra facultad de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se dictara una resolución y se hiciera valer nuestro reclamo. El recurso sigue vivo y estamos a la espera de que nos den la razón.
Todavía a principios de octubre, nos opusimos a la liberación de precios de los combustibles este 1 de enero porque los representantes del PRD en la Cámara de Diputados lo dijimos: Los precios aumentarán en alrededor del 18 por ciento. No nos hicieron caso los del PRI y sus aliados.
Estamos ante la terrible realidad de un Pemex debilitado porque, siendo la principal “Empresa Productiva del Estado Mexicano”, se le niegan recursos para invertir en investigación, modernización tecnológica, exploración, extracción y refinación; es decir, en infraestructura productiva. Y la decisión es mandarlo al matadero de la “libre competencia” frente a empresas privadas que pagan a la hacienda nacional, menos impuestos que los que aportaba Pemex antes de la reforma.
Los recientes desabastos de gasolina son consecuencia de esa política criminal de debilitamiento de Pemex. Y la posible especulación en los combustibles demostraría la debilidad del gobierno o su complicidad con los monopolios privados.
Por eso, el esquema recién anunciado por la Secretaría de Hacienda sobre la liberación de precios por regiones es —diría García Márquez— la “Crónica de aumento de precios largamente anunciada”. Es un engaño brutal, imperdonable ante tantas promesas de precios bajos en los combustibles. “¡Una raya más al tigre!”
Por eso también el malestar de la gente. Y por ello la sociedad está en libertad de hacer valer su descontento de una manera que crea conveniente, como ya lo proponen en diversas redes sociales.
El derecho a “una revolución pacífica” contra estos atropellos nadie puede condenarlo ni anularlo.
Vicecoordinador de los diputados federales del PRD
