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Hoy, en el marco de un escenario que cada día se complica más en el terreno económico, por ejemplo, con la caída del peso frente al dólar, que impactaría negativamente en el costo de la canasta básica, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, comparecerá ante la Cámara de Diputados para exponer la propuesta de Paquete Económico 2017 del gobierno federal. Tendrá que responder, entre otras cosas, cuáles han sido los impactos en los últimos cuatro años del gasto público en el crecimiento del PIB y del gasto social en la reducción de la pobreza y deberá explicar el efecto de la liberalización de los precios de la gasolina.
Los ingresos presupuestarios al cierre del actual ejercicio fiscal serán superiores en 12.3% respecto a la Ley de Ingresos aprobada en la Cámara de Diputados. Esto se traduce en 526.6 mil millones de pesos adicionales que se integran al gasto, los cuales no se reflejan en el Paquete Económico 2017 ni como una reducción al gasto público presupuestario, lo cual hubiera mejorado el déficit primario para 2016, (mismo que será de -0.4% del PIB), ni en la meta de disciplina presupuestaria sobre un superávit primario del 0.4% del PIB. No sabemos a dónde se fueron esos recursos, en dónde se invirtieron, qué manejo hubo de ellos y que además quedaron fuera del control de esta Cámara.
Hay que comparar el Proyecto de PEF 2017 con el gasto estimado al cierre del 2016. Existe una diferencia entre el PEF original y el estimado al cierre de 2.5% del PIB, equivalente a 480 mil millones de pesos adicionales en el gasto, que equivalen a un 90% de los ingresos adicionales (526.5 mil millones de pesos), que se reflejan en una reducción del 0.1% del PIB en el balance presupuestario, y en un balance primario que se mantiene en negativo en 0.4% del PIB. Esto es que, en lugar de reducir las necesidades de financiamiento, con los ingresos adicionales sólo se gastó más.
Contrastado con el gasto presupuestario de cierre de 2016 y el PEF 2017 se tiene un recorte al gasto de alrededor de 322 mil millones de pesos mayor que si sólo se compara con el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2016, que sería de 239.7 mil millones de pesos.
El endeudamiento creciente ha pasado de 33.1% del PIB, en 2012, a 48.5% al cierre del 2016. Esto resulta en un incremento en el costo financiero de la deuda pública para 2017, que será de casi 60 mil millones de pesos mayor que lo estimado para 2016. También se traduce en presiones de las calificaciones crediticias a la baja, por lo que en este paquete económico se propone un fuerte ajuste al gasto público con el que tratan una corrección súbita a las finanzas públicas, que no se realizó en los cuatro años anteriores de la actual administración, en los que no se supieron aprovechar los altos precios de los hidrocarburos en sus primeros dos años.
Entendemos que es una indefinición del rumbo fiscal, dado que el año pasado el diseño presupuestario aprobado se basó en una especie de Presupuesto Base Cero, que jamás se implementó a este año, un presupuesto que pone una camisa de fuerza al gasto público para dar una imagen de balance primario, sin tener una solidez estructural que respalde el cambio de una trayectoria de déficit primario que se ha mantenido desde 2008.
Asimismo, es preocupante que en las proyecciones macroeconómicas reflejadas en los Criterios de Política Económica se ubique una plataforma de producción de hidrocarburos creciente (de un millón 925 mil barriles diarios de petróleo en 2017, a 2 millones 600 mil en 2022) cuando se plantea una reducción en el gasto de inversión dentro de dicho periodo.
Por eso, en lugar de recortarle al gasto social, infraestructura, educación, salud y campo, que el gobierno disminuya el gasto corriente, deje de condonar grandes sumas como los 5 mil 650 millones de pesos, dados a conocer esta semana, así como cobrar la contraprestación a favor del Estado para otorgar contratos petroleros, pero sobre todo que asuma que en lugar de meter al país en una situación en la que no va a haber inversión para infraestructura que propicie el crecimiento económico, lo coloca en el riesgo no sólo del estancamiento, sino de la recesión.
Vicecoordinador de los diputados federales del PRD
