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El próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que se inicia en septiembre, recibirá de inmediato el informe anual del gobierno de la República sobre el estado que guarda la administración pública y, a los pocos días, la propuesta de paquete económico para 2017.
Este periodo tiene una serie de pendientes que debieran abordarse, por ser de interés general para la sociedad, tal como lo expresé en mi informe de labores a punto de concluir mi responsabilidad como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Entre ellos están: desaparición forzada, medidas para el incremento del salario mínimo, tope máximo a los salarios de los altos funcionarios públicos, modificación al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el uso de la marihuana con fines medicinales, matrimonio igualitario y la reposición del informe del Presidente directamente ante la Cámara de Diputados.
Asimismo, el Sistema Nacional de Archivos, protección de datos personales en posesión de particulares, legislación de propaganda gubernamental, Ley General de la Fiscalía General de la República, derechos al agua y a la alimentación y la Ley del Coneval.
Además, el mando coordinado en materia de seguridad pública, la regulación sobre el uso de la fuerza pública y armas de fuego y modificaciones en materia electoral para fomentar debates en procesos electorales.
También desahogar las más de 300 solicitudes de Juicio Político, modificar la reforma energética y robustecer la reforma educativa, poniendo en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes para acceder a la educación como un derecho humano.
En lo que se refiere al paquete económico para el próximo 2017 que entregará la SHCP, yo esperaría que contenga medidas para el crecimiento y desarrollo de la economía nacional, inversión en infraestructura y la generación de empleos, por una parte; y el fortalecimiento —no recortes presupuestales— en salud, educación, campo, derechos humanos, ciencia, cultura y deportes, por la otra.
Para hacer posible lo anterior, tomando en cuenta el complicado escenario económico, estas medidas deben venir acompañadas por una reducción del gasto corriente de la administración pública federal y eliminación de gastos superfluos y duplicidades de funciones.
En este primer año de la LXIII Legislatura, en la Cámara de Diputados se trabajó para avanzar en la solución de grandes problemas nacionales como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la inseguridad, con la aprobación de disposiciones legales y constitucionales que abarcan, entre otros, aspectos hacendarios, financieros, asociaciones público-privadas, economía social, vivienda, ciencia y tecnología, servicio militar, recursos forestales, pensiones, deporte y cultura, desindexación del salario mínimo, reforma política de la Ciudad de México, disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, transparencia y acceso a la información pública, zonas económicas especiales y nuevo Sistema de Justicia Penal.
Sin embargo, en los hechos no hemos avanzado todavía gran cosa. Y ello ha contribuido a que se acentúe la falta de credibilidad de amplios sectores de la sociedad en las instituciones del Estado mexicano, abonando a un ambiente de crispación social que pone en duda prácticamente todo. Cualquier protesta encuentra rápidamente eco en otros sectores, y sus acciones adquieren tintes cada vez más radicales, lo cual hace muy frágil la estabilidad social y política.
Por eso urgen medidas de Estado que constituyan un cambio a esta situación. Estamos obligados a la búsqueda de consensos basados en el diálogo, para lograr un acuerdo nacional que permita el retorno a la tranquilidad, a la normalidad y la convivencia pacífica y, con ello, contribuir a la construcción de un Estado democrático, social y de derecho.
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
