Más Información
Con motivo de mi anterior colaboración se expresaron falsos señalamientos contra el PRD. Debo dejar en claro que los grupos parlamentarios del PRD en el Congreso de la Unión votaron en contra de la reforma energética promovida por el gobierno federal.
Precisamente, el PRD salió del Pacto por México, en diciembre de 2013, cuando el PRI y el PAN se aliaron para sacar adelante esta reforma, y también se rechazó la realización de una Consulta Ciudadana sobre el tema.
Desde el PRD, siendo yo presidente, impulsamos, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, una propuesta para garantizar la seguridad y el desarrollo en el sector energético para las siguientes generaciones.
Dicha iniciativa, presentada en enero de 2013, no sugería cambios constitucionales, sino en algunas leyes, y contaba con ocho ejes estratégicos: cambio de régimen fiscal; autonomía presupuestal; autonomía de gestión; fortalecimiento de la Sener y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; tarifas, precios y subsidios de combustibles y electricidad para un acceso equitativo a la energía; convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero; impulsar la investigación y desarrollo tecnológico e impulsar la transición energética, cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable.
Justo a dos años ocho meses de la aprobación de la reforma energética, sus efectos han sido negativos: las trasnacionales, sobre todo extranjeras, van en camino de adueñarse de los recursos energéticos nacionales, con un debilitamiento de las empresas del Estado y provocando el abaratamiento de nuestras riquezas petroleras y de gas.
Algunos ex funcionarios de gobiernos anteriores ahora forman parte de las empresas que usufructúan los recursos del sector; se abre la posibilidad de la conformación de grupos militares o paramilitares que cuidarían instalaciones privadas; pronto habrá daño al medio ambiente con técnicas muy agresivas para la Tierra como el fracking.
A través de la figura de ocupación temporal productores y campesinos tendrán que ceder voluntariamente sus tierras en las que se hubiera identificado la existencia de petróleo o gas bajo un contrato para la extracción y explotación de estos energéticos; por corrupción y falta de experiencias, se han registrado explosiones, como la de Pajaritos, en Veracruz; zonas de Campeche han sido muy afectadas en su economía por el retiro de Pemex, la principal Empresa Productiva del Estado, que ha sido prácticamente quebrada para ser desplazada por privadas, con una caída constante de su producción.
Asimismo, el abandono de refinerías, donde se podrían producir gasolinas de calidad y menos caras para la población; el despido de más de 13 mil de trabajadores de Pemex; y la futura creación de un sector privado en la producción de energía eléctrica, cuando la CFE se hizo a un lado —cuyo ex director, Enrique Ochoa, ahora es presidente del PRI— son, entre otras, consecuencias de la reforma.
El gobierno federal, para conseguir el respaldo de la población, generó la falsa expectativa de que las tarifas de los combustibles iban a bajar por esa reforma. Ahora vemos que no es así, sino que es una medida recaudatoria, responsabilidad exclusiva de la SHCP.
Todo lo anterior lo señalamos ante la población y la opinión pública en análisis, plazas, calles, foros, tribunas del Congreso de la Unión y medios de comunicación como una izquierda activa, propositiva e institucional.
Por todo lo anterior, el PRD, y yo como diputado federal de izquierda, propondremos todos los cambios legales y constitucionales necesarios para que México recupere la soberanía y seguridad energética, el control y uso sobre esos recursos y hacer del sector energético la palanca de desarrollo del país, con un nuevo modelo económico que reparta de mejor forma la riqueza. Vamos por la reforma de la reforma energética. Y en este objetivo todos los sectores sociales que compartan estas reflexiones son bienvenidos.
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
