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“Algo va mal”, concluía el londinense Tony Judt en un excelente ensayo publicado hace casi seis años, como resultado de un análisis de la evolución de la economía y de los problemas sociales del mundo.
El abandono de lo público y del papel del Estado en favor de las empresas y corporaciones privadas, a tono con la ideología neoliberal reinante, con sus efectos negativos sobre la calidad de vida, ingresos y movilidad de la gran mayoría de la población; una enorme concentración de la riqueza en unos cuantos y el crecimiento de la desigualdad social. Aunado todo ello al crecimiento de las funciones del Estado en los temas de seguridad, ahí sí aplaudido por quienes abogan por quitarle al Estado toda responsabilidad en asuntos de otra índole.
Y Judt proponía revisar urgentemente esa situación y recomendaba reorientar las decisiones de los gobierno nacionales, que cada día han ido perdiendo autonomía real frente al papel de las trasnacionales y del capital financiero en el escenario de la globalización, cuyos beneficios no han alcanzado a la gran mayoría de la sociedad. La situación que vivimos en México no es nada ajena a esa que abordaba el analista inglés:
1) El Estado alejándose de lo público, en beneficio de las empresas privadas, mayormente trasnacionales, en áreas como la energética, a partir de las reformas de 2013-2014, con efectos catastróficos en la economía nacional y la pérdida de soberanía energética, poniendo en riesgo asuntos de seguridad nacional.
2) El mantenimiento de los dictados neoliberales que costriñen el crecimiento económico, con el argumento de “evitar que se caliente la economía y suba la inflación”, aunque no se generen los empleos requeridos.
3) El crecimiento de las franjas de pobreza, de la pobreza extrema y de las desigualdades sociales y regionales, y en el polo opuesto la concentración de la riqueza en pocas manos.
4) El aumento de las actividades del crimen organizado y su penetración en las esferas oficiales.
5) La corrupción irrefrenable por decisión del grupo gobernante, ante el temor de aparecer exhibidos como saqueadores del país si se hacen públicas sus declaraciones patrimoniales.
6) Y el uso desmedido de la fuerza para atender reclamos y tensiones sociales, bajo el lema de “la razón de Estado” y de la aplicación irrestricta de la ley.
Todo ello ha contribuido a la polarización política y social. La desesperación parece haberse instalado en el gobierno federal después de sus derrotas electorales del pasado 5 de junio, y no atina a entender que las cosas no van bien, sino que todo o casi todo va mal, y que debe reorientarse el rumbo del país, escuchando a la sociedad y a las fuerzas opositoras.
El PRD ha puesto siempre por delante el interés superior de México, su desarrollo democrático y justo. Por ello fuimos a coaliciones electorales con el PAN en 2010 y 2016 para posibilitar alternancias en estados dominados desde hace casi 100 años por el PRI y que cayeron en la corrupción y la inseguridad. Por ello fuimos al Pacto por México en 2012, para construir reformas que el país requería. Por eso seguiremos pugnando por construir salidas mediante la conformación de frentes amplios opositores durante 2017 y para las elecciones presidenciales de 2018, y lograr los cambios económicos y sociales que urgentemente se requieren, antes de que el país se precipite en el caos.
No debemos permitir falsas salidas. Ni la violencia oficial, al costo que sea, para enfrentar la violencia antisistémica de grupos radicales que apuestan al “estallido revolucionario”. Ni el abismo de “los salvadores de la patria”, que se ofrecen como opción ante “la mafia en el poder”, que son todos los que no son ellos.
La salida tiene que ser por vías democráticas y pacíficas, con la más amplia participación de la sociedad. A eso le apuesta el PRD y por eso hay y habrá PRD para mucho tiempo. Ni estamos agonizando ni nos moriremos mañana, aunque nos sigan enterrando en vida.
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
