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Hace una semana, el Senado de la República dio una buena noticia: aprobó en el Pleno una importante iniciativa en materia de justicia laboral. Dicha iniciativa forma parte del paquete de Justicia Cotidiana que el presidente Peña Nieto anunció hace seis meses, y que se comentó en este mismo espacio (EL UNIVERSAL, mayo 5). El rezago institucional en materia de justicia laboral es bien conocido, debido a cómo ha afectado a quienes requieren resolver una disputa laboral en México. La “famosa” Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) tiene una bien ganada fama por su ineficacia y corrupción. Segundo, también son conocidas las arbitrariedades en materia laboral, debidas al involucramiento de los gobiernos estatales. Muchas, pero muchas injusticias han resultado de la acción de la JFCA y de los gobiernos estatales en asuntos laborales.
Es positivo que la iniciativa, aprobada por unanimidad en el Senado, aborde y plantee una solución para ambos problemas. Respecto al primero, propone crear un organismo federal, con centros de conciliación en los estados, encargado de registrar las organizaciones sindicales y los contratos colectivos de trabajo, así como de la conciliación en asuntos laborales. A partir de una terna propuesta por el Ejecutivo federal, la Cámara de Senadores deberá aprobar el nombramiento de su titular, por el voto de al menos dos terceras partes.
Segundo, se sustituyen las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se confiere al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales locales competencia para impartir justicia laboral. El arbitraje se resolverá por órganos jurisdiccionales (tribunales) que formarán parte del Poder Judicial. Dejará de ser un árbitro administrativo que dependa del Ejecutivo. Estos cambios representan una verdadera corrección de raíz de un esquema anómalo que ha tenido grandes costos para obreros y patrones de México.
Por otra parte, la iniciativa aborda el importante asunto de la calidad y efectividad de la representaciones sindicales, los cambios propuestos por el Senado hacen varias aportaciones. Para comenzar, establece que deberán expedirse leyes para consolidar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de los trabajadores, para lo cual mandata el voto personal, libre y secreto de los trabajadores en la elección de sus dirigentes. Por fin se acabará el voto “a mano alzada” que tanto ha limitado la efectiva representación de los trabajadores y la rendición de cuentas a éstos por parte de las dirigencias de los sindicatos del apartado A.
Un asunto fundamental, discutido en comisiones del Senado no pasó al Pleno: el abuso y/o bloqueo de las huelgas. Las comisiones plantearon que, para emplazar a huelga, se requeriría que la organización sindical acreditara la representación de la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, dicho planteamiento no fue aprobado, lo que deja abierta la posibilidad de que sindicatos de dudosa legitimidad puedan plantear huelgas con el propósitos de extorsionar empresas, o en su caso, de bloquear huelgas que cuenten con el apoyo de la base de trabajadores.
En conjunto, dichos cambios implican una reducción de costos para las empresas, con el consecuente beneficio para el empleo.
Desde la perspectiva política, la aprobación de esta iniciativa es que indica cómo, a pesar de la falta de aprobación, credibilidad, y debilidad del Ejecutivo federal es posible avanzar con medidas relevantes para el mediano plazo, que representen beneficios sustanciales para el país. Resulta esperanzador que se haya logrado un acuerdo legislativo en torno a esta iniciativa. Existen otras importantes tareas pendientes que el Presidente de la República podría abordar de inmediato, antes de que concluya su administración. Algunas de éstas tendrían un costo político o electoral limitado para el Presidente y su partido, pero traerían beneficios sustanciales para el país.
Economista
