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Como parte de la conmemoración de su 100 Aniversario, EL UNIVERSAL organizó la reunión Federalismo Hacendario. Se trató de uno de seis foros que está desarrollando con el propósito de contribuir al análisis del federalismo en México.
El evento resultó particularmente valioso. Toda reflexión acerca del futuro del federalismo cruza por su sustento financiero. Nada de lo que se desearía en la materia será posible si no se da sustento y funcionalidad a un nuevo federalismo hacendario, esto es a los aspectos de distribución de la recaudación, del gasto, y de la inversión entre las entidades, así como a la problemática patrimonial de gobiernos subnacionales (activos y pasivos, en particular su deuda y pasivos laborales).
Quedó claro que el sistema de “coordinación fiscal” no cumple con dos características indispensables. Primero, sólo es parcialmente resarcitorio, ya que no devuelve a estados recursos equiparables a los generados, lo que no incentiva esfuerzos para aumentar sus ingresos fiscales; los incentivos no están alineados. Segundo, no es nivelatorio (solidario), ya que las entidades con menor ingreso no reciben recursos suficientes para reducir desigualdades regionales.
El sistema de coordinación fiscal se originó en 1978, concretado por el entonces secretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz. Sin embargo, ha sufrido múltiples modificaciones, que debilitaron sus capacidades resarcitoria y nivelatoria, causa de la insatisfacción generalizada acerca de dicho sistema.
Se dieron tendencias centralizadoras de la actividad fiscal, debido a deficiencias de gobiernos estatales en recaudación y ejercicio eficaz, justo y transparente de gasto e inversión públicas. El caso heráldico es la nómina de los maestros (FONE) en 2015.
Incluso ha habido movimientos centralizadores positivos, como la tenencia, que surgió a nivel local, evolucionó a estatal, y desembocó en una coordinación federal. Se trata de un impuesto con base tributaria amplia, fácil de recaudar y progresivo, que fue derogado en 2007 por el presidente Felipe Calderón.
En materia de ingresos se subrayó una alta dependencia de transferencias federales de los gobiernos subnacionales, que se requiere que generen más ingresos, incluso mejorar la recaudación del predial pues su bajo nivel responde a exenciones, falta de armonización de tasas, y rezagos en el catastro; urge explorar opciones estatales, como impuestos al turismo.
En materia de gasto e inversión, existe gran insatisfacción de la población con los servicios públicos, pero no existen sanciones ni costos políticos o fiscales por el mal gasto y la corrupción, lo que demanda mayor exigencia, análisis y monitoreo por parte de la sociedad.
El rico intercambio de puntos de vista parecía no concluyente. Eso responde a que, en esencia, la Constitución no da respuesta a dos asuntos centrales (Wallace E. Oates, 1972). Por una parte, los ciudadanos deben definir cuánta participación del gobierno desean y en qué (Estado más o menos interventor). En México, el gasto fiscal representa 24.4% del PIB, en comparación con 41.9% en promedio de la OCDE. Por otra, no establece con claridad qué le toca hacer a cada ámbito de gobierno (funciones). Los ejemplos más claros se dan en educación y salud. La situación actual, por la que gobiernos estatales son responsables de prestar los servicios correspondientes en “coordinación” con el gobierno federal, es producto de convenios que están sujetos a las vicisitudes de la coyuntura política. Tampoco son claras las funciones reales de estados y municipios, debido a la gran precariedad financiera de estos últimos. En México, el predial no se cobra, o se cobra mal, pues se recauda 0.4% del PIB, cuando debiera situarse en torno a 3%.
Por último, sólo una vez definido lo anterior podría determinarse lo que corresponde recaudar a cada ámbito de gobierno para financiar las actividades que le fueran asignadas. Al tiempo.
Economista
