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El presidente Enrique Peña Nieto afirmó hace unos días que la gente está enojada, y tiene razón. Lo difícil es puntualizar las causas específicas de ese enojo, porque son muchas. Por supuesto que es posible identificar algunas muy sentidas, como la falta de suficientes empleos formales y bien remunerados: se estima que 30 millones de los mexicanos “empleados” lo están en la informalidad (58.2% de la PEA) (ENOE 2015). También destacan la inseguridad y la corrupción, que corroen las entrañas de la vida cotidiana. En la Ciudad de México se agregan otras, como la falta de agua, la contaminación ambiental, y el caos de la “movilidad”. Por sí mismas generan ese enojo y desesperanza ante la incapacidad de los gobiernos para corregirlas.
Pero existen muchas otras causas del enojo ciudadano, quizá de perfil más bajo pero no menos relevantes. Uno de los mejores ejemplos es la disfuncionalidad, corrupción e impunidad del sistema judicial (procuración, impartición y readaptación social). Se conoce y repite la vergonzante cifra negra: sólo 7.2% de los delitos que se cometen se denuncian. Además, de aquéllos que se denuncian sólo 31.2% reciben una sentencia condenatoria y una sanción. Y para agravar la injusticia, 94% de las querellas o disputas se resuelven en la primera instancia o de paz. Esto resulta de que recurrir a instancias superiores exige gastos que la gran mayoría de las familias mexicanas no pueden pagar. Recuérdese que 30% de las familias reciben ingresos mensuales inferiores a 6 mil pesos (ENIGH 2014).
Pero hay una buena noticia en este aspecto. La semana pasada el presidente Peña anunció múltiples medidas a favor de lo que denominó “justicia cotidiana”. Se trata de un paquete bien orientado e integrado, que incluye 12 iniciativas de ley y un decreto. Su objetivo general es resolver de manera expedita los conflictos cotidianos de las personas en lo civil y familiar, laboral, y administrativo.
De los diversos objetivos específicos destacan nueve. Primero, la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por juzgados y tribunales laborales del Poder Judicial federal o de los poderes judiciales locales, a los que se llegará previo esfuerzo conciliatorio. Segundo, la creación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia, para establecer estándares y coordinar a los poderes judiciales federal y locales. Tercero, la unificación de las reglas para dirimir controversias de orden civil y familiar en todas las entidades federativas. Cuarto, ampliar el alcance de los juicios orales en materia mercantil, que se permiten desde 2011 pero que poco se aplican en algunos estados. Quinto, homologar el funcionamiento de los registros civiles y de la propiedad, para facilitar la obtención de actas, títulos de propiedad, y testamentos, entre otros. También reconoce la ineficiencia actual de los sistemas catastrales y se propone su actualización, integración y modernización.
Además, se propone la selección de jueces mediante concurso de oposición, crear una instancia para justicia cívica, intensificar la mejora regulatoria, y dar prioridad a los aspectos de fondo al resolver conflictos, y no a los de proceso.
Quizá lo más notable en este ejercicio de política pública no es la sustancia, sino la forma. La convocatoria la hizo el propio Presidente en noviembre de 2014, y le encargó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que encabezara un ejercicio que incluyera desde consultas hasta proyectos de documentos.
Es justo destacar que el grupo de instituciones encabezado por el CIDE trabajó con eficacia y discreción, sin coqueteos con los medios de comunicación. Nadie se ha querido “colgar la medalla” por este valioso ejercicio, lo que facilitará su paso por el Congreso. Quizá por esto tiene mayor probabilidad de éxito que el “Sistema Anticorrupción”, que a pesar de que incluye una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no satisface el protagonismo de algunos impulsores de la denominada Ley 3de3.
Economista
