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La situación económica, social y política global presenta un serio cuestionamiento acerca de su impacto sobre el bienestar de la humanidad. México no es excepción.
En los orígenes de la “economía de bienestar”, en esencia el bienestar dependía del acceso y consumo de bienes materiales. Paul Samuelson, figura emblemática en la materia, lo definió como “el nivel de prosperidad y estándar de vida de un individuo o de un grupo de personas. En el campo de la economía, se refiere específicamente a la utilidad que se gana mediante la obtención de bienes materiales y servicios. En otras palabras, se refiere a la parte del bienestar social que puede satisfacerse mediante la actividad económica”.
Esa definición abre la puerta para considerar que el bienestar de un individuo depende del bienestar de otro(s) individuo(s) (funciones de utilidad interdependendientes), lo que da pie a considerar que, por ejemplo, la pobreza y la distribución del ingreso inciden sobre el “bienestar” de los individuos.
Además, durante los últimos años la definición de bienestar social se ha ampliado, para incorporar aspectos del balance de la riqueza natural y del estado del medio ambiente entre sus determinantes. El agotamiento de recursos naturales, de bosques, de los mantos acuíferos, y la contaminación de los cuerpos de agua y del aire, entre otros, son factores esenciales del bienestar social.
En México estos últimos aspectos apenas son tomados en cuenta. Todavía domina la idea de que entre más bienes y servicios, y empleo y ocio estén al alcance de un individuo o grupo, mayor su bienestar. De ahí la constante reiteración política de la importancia de alcanzar tasas de crecimiento económico más altas.
Si se considera el estancamiento del ingreso per cápita durante los últimos lustros, junto con la alta informalidad que prevalece en el país (57.9%), y la concentrada distribución del ingreso (el 10% de las familias más pobres reciben apenas 1.8% del ingreso nacional, mientras que el 10% más acomodado recibe 36.2%), es más fácil entender el sentimiento de insatisfacción de la población en términos de su bienestar. Precisamente porque el bienestar de todos incide sobre el bienestar de cada uno, más pobres, una riqueza más concentrada, y más informalidad, afectan negativamente su sentimiento de bienestar.
El horizonte se ve aún más desalentador cuando se consideran aspectos de agotamiento de recursos naturales y de degradación ambiental. Hace algunas semanas, el Inegi publicó las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2014. Aunque es conocido, la información más reciente apunta un deterioro aún más alarmante. Por ejemplo, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental durante 2014 representaron 5.3% del PIB en ese año, equivalente a los “gastos en los que tendría que incurrir la sociedad mexicana para prevenir o remediar la disminución y pérdida de recursos naturales, así como el deterioro del medio ambiente”.
Los costos totales por agotamiento y degradación ambiental crecieron 3.1% anual en promedio entre 2003 y 2014, más que la tasa de crecimiento del PIB estimada para 2015 (2.4%). Ese promedio obscurece deterioros extraordinarios, como el costo por contaminación de los cuerpos de agua superficiales, que en promedio aumentó 17.8% por año durante el mismo periodo. De los 653 acuíferos, 106 se encuentran sobreexplotados. La cobertura nacional de alcantarillado en zonas urbanas es 96.4%, mientras que en zonas rurales, sólo 69.4%. Por otra parte, 22.7% del agua superficial se encuentra contaminada y sólo 47.5% de las aguas residuales colectadas recibe tratamiento.
En contraste, el gasto público y de los hogares en protección ambiental durante 2014 representó sólo 0.8% del PIB. La riqueza natural de México se deteriora ininterrumpidamente.
Otros factores que deben considerarse al determinar el bienestar de los mexicanos son el tráfico, la inseguridad, la contaminación del aire, la falta de Estado de derecho, entre otros. Todos contribuyen al sentimiento de que su bienestar se está erosionando. Por eso, las políticas públicas debieran presentarse de manera integral y no fragmentada, para que su evaluación oficial se corresponda con la realidad y el sentir de la ciudadanía.
Economista
