Prácticamente todos los gobiernos modifican la estructura de la Administración Pública Federal conforme su concepción de una gestión más eficiente. Sin embargo, por simples que parezcan, esos cambios no son sencillos. Involucran mover pesadas burocracias, afectar intereses creados y lograr que otras dependencias les den recursos, plazas y las auxilien en crear la nueva entidad y, sobre todo, que haya claridad de las funciones del nuevo ente. Un caso lleno de contradicciones y deficiencias es el de la Secretaría de Hacienda y la de Programación y Presupuesto. Al separar ingreso del gasto, se generaron fuertes conflictos y deficiencias en la administración, así como visiones diferentes de la estrategia económica. Pronto se regresó al esquema original. El experimento duró 16 años.

El éxito de un cambio organizacional depende de dos factores. Primero, el diseño del cambio en cuanto a sus funciones, capacidad de sanción, estructura administrativa, calidad de sus funcionarios, entre otras. Segunda, la efectividad en la implementación del cambio, de cómo hacerlo realidad.

El presidente Peña planteó desde un inicio ajustes importantes de estructura de su administración. Por una parte, creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Su concepción fue francamente buena, pues reúne en una sola dependencia diversas funciones con sinergias, que se benefician de una gestión integral. También prometió que desaparecería la Secretaría de la Función Pública (SFP), lo que muchos aplaudimos. En su diseño actual, la SFP no es un instrumento efectivo para combatir la corrupción, pero sí un obstáculo permanente para una gestión ágil de las dependencias. Esa promesa no se cumplió.

Recientemente se anunció la creación de la Secretaría de Cultura, separando al Conaculta de la SEP, y ubicando bajo su dirección al INAH y al INBA. Una Secretaría de Cultura separada de la SEP es un asunto largamente debatido en México, debido a la riqueza cultural del país, cuya característica fundamental es la diversidad y, por tanto, la multiplicidad de expresiones culturales. Si en algún país es posible y necesario distinguir y darle identidad independiente a las instancias encargadas de la cultura, ése es México. La cultura mexicana como patrimonio nacional tiene una incidencia importante en, cuando menos, dos actividades: las relaciones exteriores y el turismo. En cuanto a la primera, no cabe duda que la presencia y prestancia de México en el concierto de las naciones se refleja y beneficia de su cauda cultural. En cuanto a la segunda, es incuestionable el atractivo que representa para los extranjeros la cultura mexicana, que los motiva a visitar nuestro país. Por eso en ocasiones, sobre todo en el ámbito de las administraciones estatales, se ha considerado fusionar esas funciones con las del turismo.

Ahora, con la creación de la Secretaría de Cultura, México podrá aprovechar mejor su cultura, tanto para reforzar su diplomacia, como para potenciar su turismo. Para que esto se logre, habrá que exigirle a la nueva secretaría una estricta colaboración con la de Relaciones Exteriores y con la de Turismo.

La manera como planteó el gobierno la integración de la Secretaría de Cultura también tiene efectos presupuestales y administrativos. Ahora será el Congreso de la Unión quien intervendrá al determinar el presupuesto de la Secretaría de Cultura, sin la intermediación de la SEP. Además, será posible generar ahorros sustanciales, al consolidar áreas administrativas, lo que permitirá destinar esos recursos a actividades sustantivas de la cultura. Es central evitar la proliferación de dependencias entorno a la Secretaría de Cultura.

El aspecto más interesante de este anuncio es que el presidente Peña nombró como su primer titular a un funcionario con los antecedentes y las características adecuadas para su puesto. A diferencia de otros lamentables casos, como Sedatu y la Función Pública, en este caso sí hay idoneidad en el nombramiento del titular. Por eso, ahora Rafael Tovar y de Teresa enfrenta un reto formidable, pues en esta ocasión no hay elementos para afirmar que el Presidente se equivocó al nombrarlo.

Economista

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