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Hace un año (octubre 9), en este mismo espacio de EL UNIVERSAL, se analizó la política anunciada por el gobierno con el propósito de contener y revertir la disminución de la productividad total de los factores, observada en México desde hace 22 años. Ese deterioro es uno de los principales obstáculos para alcanzar un crecimiento económico mayor. La productividad importa porque desencadena un círculo virtuoso en las empresas: aumentar la productividad permite reducir las mermas, devoluciones, desperdicios y, por tanto, menores costos y mejor calidad de los bienes y servicios, lo que da lugar a incrementar su participación en el mercado, producir más, generar más ganancias, empleos y bienestar.
Ahora, después de revisar los avances desde entonces, queda de manifiesto que éstos son insuficientes. El Programa Especial para la Productividad y Competitividad, instrumento normativo central de la política de fomento dirigida a aumentar la productividad, no se ha publicado. Lo que se sabe es que el Comité Nacional de Productividad se ha reunido en cinco ocasiones, a fin de desarrollar mejores instrumentos para el diagnóstico, definir sectores prioritarios, y formular recomendaciones para algunas actividades, que son opcionales para el sector privado, y vinculantes para el sector público.
La búsqueda de resultados en la política de impulso a la productividad resultó frustrante. Si bien debe reconocerse que el gobierno lo considera un asunto prioritario, y que le ha dedicado recursos para atenderlo.
Sin embargo, los avances concretos son escasos. No hay información oportuna sobre la productividad total de los factores. La última disponible es para 2013, e indica que ésta disminuyó 0.63% en ese año, en comparación con una reducción de 0.33% por año de 1991 a 2013. La productividad laboral de la economía aumentó sólo 1.9%, de 2012 a 2014. Otro indicador planteado, la tasa de informalidad laboral, disminuyó de 59.8% en 2012, a 57.8% en 2014, quizá debido a la política expresa de formalización desarrollada por el gobierno, que parece haber funcionado. Por último, de 2012 para acá, no se logró aumentar el contenido nacional de las exportaciones, indicador también seleccionado para evaluar los resultados de la política.
Para unificar el esfuerzo de todos los agentes económicos a favor de aumentar la productividad es indispensable concluir la formulación y divulgar el Programa Especial para la Productividad. En todo caso, eso no será suficiente. Es indispensable que la ciudadanía asuma que una mayor productividad conlleva beneficios colectivos e individuales. Esto requeriría plantear acciones concretas para actividades y sectores específicos, que permitieran a todos participar y atestiguar el incremento de la productividad.
Pero aún más. ¿Comprende la población qué es la productividad, y que aumentarla redunda en beneficios propios y para todos los mexicanos? ¿Se reconoce y retribuye el valor de la productividad? Ser puntual, cumplir con los compromisos adquiridos, poner atención a la calidad, no faltar al trabajo, exigir un transporte público que reduzca al mínimo el tiempo de traslado, demandar que los celulares funcionen bien, que no se interrumpa el servicio eléctrico, que los trámites y licencias se otorguen en un tiempo mínimo, adoptar prácticas o tecnologías novedosas que permitan producir más con los mismos recursos, todo eso contribuye a la productividad.
No hay duda de que iniciar un aumento continuo de la productividad requiere de un esfuerzo constante y de mediano plazo. La política definida hasta ahora plantea algunos retos, pero no todos. Quizá el más importante sea crear, comunicar y convencer acerca de una “cultura de productividad”, que permee todas las actividades y rincones del país. Queda pendiente aprovechar la reforma educativa para que, a la par de la mejora de la calidad en la educación, se arraigue esa “cultura de productividad”. Es urgente reflexionar sobre esto hacia las elecciones de 2018.
Economista
