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El tema de las pensiones tiene la mayor relevancia para el bienestar de generaciones actuales y futuras de mexicanos. Sin embargo, recibe poca atención. Sea por ignorancia, incompetencia, o porque quienes conocen la gravedad del problema no se atreven a abordarlo, sobre todo funcionarios públicos, que pagarían un “costo político” por plantear que, para resolverlo, se requiere un sacrificio adicional de la población.
Sin embargo, la situación es tan crítica que su debate no podrá ser eludido durante la elección presidencial de 2018. En esencia, el problema se resume en seis puntos. Primero, en su configuración actual, el sistema es insatisfactorio y, para muchos, está casi quebrado. Los recursos que genera alcanzan sólo para, eventualmente, otorgar pensiones “empobrecedoras” a quienes las recibirán, pues en promedio serán equivalentes a entre 25 y 30% de sus ingresos durante los últimos años previos a su retiro.
Segundo, esto resulta de que en total, gobierno, empleadores y trabajadores aportan a la seguridad social sólo el equivalente a 6.5% de sus salarios. De éstos, el patrón aporta 5.15%, el gobierno 0.225% (más una cuota generalizada), y los trabajadores sólo 1.125% para su pensión futura. A un trabajador que gane 100 pesos diarios sólo se le retiene 1.12 pesos para su el retiro, o sea, un ahorro prácticamente inexistente. El sistema hace que el “asegurado” no haga un esfuerzo real para ahorrar para el retiro, el menor salvo en Estonia y Australia.
Tercero, salvo Costa Rica, México es el país en el que se aporta menos al sistema de seguridad social (6.5%), en comparación con Israel 15.0%, en Colombia es 16.0% y en Suecia es 17.2%. Para alcanzar una tasa de reemplazo de 50%, se calcula que se requeriría aportaciones totales a pensiones de entre 13 y 18% del salario.
Cuarto, debe señalarse que en México el patrón además paga 5% por aportación para vivienda, contribución que se originó para fondear al Infonavit cuando se creó en 1972. Esto encarece aún más el costo de la mano de obra y, por tanto, genera resistencia para crear empleos formales.
Quinto, existen otros sistemas de seguridad social públicos, estatales, y de entidades paraestatales que también captan pocas contribuciones de los trabajadores, a pesar de que algunos de éstos conceden pensiones relativamente altas. Entonces, ¿quién paga esas pensiones? Los causantes que, vía impuestos, pagan lo necesario para cerrar el déficit de esas organizaciones de seguridad social.
Sexto, para evitar que generaciones anteriores, y quienes están cerca de jubilarse graviten sobre sus hijos, que al mismo tiempo están sosteniendo familias y descendencia, es indispensable que todos aumentemos sustancialmente el ahorro para el retiro. Ése es un hecho incontrovertible. Pero ¿quién lo va a plantear?
Imaginemos un candidato a una posición de elección popular, a un puesto de gabinete, o a una promoción como servidor público, que salga y diga: “Ciudadanos: el sistema de pensiones está quebrado. La única manera de evitar el colapso es que todos ahorremos más para el retiro. Propongo que la contribución individual de los trabajadores aumente de 1.125% a 8% de su salario, y que 4 de los 5 puntos para vivienda se transfieran para apoyar las pensiones. Al mismo tiempo, que se reduzca la contribución patronal para ‘pensión, y cesantía y vejez’ de 5.15% a 2.0%, lo que disminuirá el costo de contratar trabajadores. Entiendo que es una convocatoria al realismo y un sacrificio colectivo, pero eso es lo que necesita México”.
Lo anterior debe completarse con la revisión de los esquemas de pensiones: años mínimos de trabajo, edad de retiro, tasas de reemplazo, contribuciones voluntarias, rendimiento de los fondos para el retiro, contribuciones obligatorias para autoempleados, etcétera. Sin embargo, aun si todo eso ocurriera, de no aumentar la contribución al sistema de pensiones, nada se resolvería.
¿A quién visualiza usted que esté dispuesto a salir a decir lo anterior? Es tiempo de que la ciudadanía se vaya preparando no para esperar que espontáneamente los candidatos planteen y debatan los problemas, sino para exigirles que lo hagan, rumbo a la elección presidencial de 2018.
Economista
