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Transcurren las semanas y en México sucede muy poco o nada. Ante la pasividad del gobierno, la sociedad ha decidido comenzar a pensar en Navidad y fin de año. Sucede poco en materia de políticas públicas; hasta ahora, el trabajo legislativo ha sido francamente gris. La mayoría de los funcionarios se ocupan febrilmente de hacer muy poco; hacen como que hacen. Sin embargo, la ciudadanía ya no les cree, como tampoco piensa que el gobierno vaya a hacer algo más de ahora a 2018.
La impunidad sigue predominando; sentimiento que ratifica que en México no pasa nada, aun cuando todos desearían que algo sucediera. Lamentablemente, en otro plano de la realidad, el de la pobreza y la desigualdad, tampoco sucede nada. A mediados de julio, Inegi publicó los resultados de la última Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), correspondiente a 2014. El año pasado, 20% de los hogares con menores ingresos recibieron apenas 4.8% del ingreso total. Hace 20 años, ese porcentaje fue 4.3%, y en 2012, 4.9%. En contraste, el 10% de las familias más acomodadas reciben 35.4% del ingreso total. Y la pobreza sigue igual; conforme a Coneval, 20.6 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria, muy parecido a la situación de hace 20 años (1994). Lo mismo aplica cuando se recurre a otras definiciones de pobreza. Programas van y programas vienen, pero en eso algo terrible sí pasa, pues gran parte de la población sigue viviendo en condiciones inadmisibles.
A esa pobreza contribuye un salario mínimo (ya unificado) que en términos reales se ha quedado estancado durante los últimos 18 años y que, además, es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia, incluso cuando más de uno de sus miembros percibe un ingreso. Dada la evidente conveniencia de aumentar con prudencia el salario mínimo, es inaceptable que el Congreso todavía no haya resuelto una iniciativa para sustituir dichos mínimos como referencia para el ajuste de diversos contratos, obligaciones, multas, etc. Una solución evidente es adoptar las Unidades de Inversión (UDIS) como referencia generalizada. Existe una iniciativa aprobada por comisiones en el Senado de la República desde diciembre del año pasado, pero que no se ha sometido al pleno. Es un escollo innecesario, que debería corregirse a la brevedad, pues con éste lo único que se logra es posponer la reflexión real del importante asunto de aumentar el salario mínimo, reduciéndolo a un tema burocrático y procedimental. Por eso, aquí tampoco pasa nada.
El crecimiento económico insuficiente y la impotencia de las políticas públicas para reducir la pobreza mantienen a 57.8% de la población trabajando en condiciones de informalidad (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015-II). Cerca de dos terceras partes de los mexicanos se encuentran en esas condiciones.
Los últimos datos de la ENOE revelan que de los 50.3 millones de mexicanos que tienen una ocupación, 29.1 millones lo hacen en una informalidad que está asociada con escasa educación, acceso a servicios de salud de baja calidad, menor capital, muy baja productividad y, por tanto, ingresos bajos. Se trata de una informalidad que permea todo, que ha creado una verdadera subcultura de la informalidad, que está asociada con el incumplimiento de la ley, la corrupción, y la impunidad misma. Un grupo tan numeroso de la población en la informalidad laboral tiene consecuencias hoy, y las tendrá en el futuro: generaciones que ahora viven en condiciones lamentables, y que en la vejez no tendrán una pensión digna. Durante los últimos 10 años, la informalidad ha fluctuado en torno a 60%, y se ve en las calles, en las condiciones de la gente, en su estado de ánimo. Ahí arranca un círculo vicioso de falta de crecimiento, escasos empleos modernos, aumento de una informalidad que reduce la productividad, lo que a su vez afecta el crecimiento general de la economía. Eso sí pasa.
Considerando lo anterior ¿tampoco pasará nada en las 12 elecciones para gobernador y otros cargos públicos el año próximo?
Economista
