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Desde hace décadas, a la par de la evolución de la democracia mexicana y la erosión de las facultades metaconstitucionales del Presidente, la relación entre éste y los gobernadores se ha vuelto cada vez más disfuncional. La situación hoy es una de las principales causas de las graves deficiencias que muestra la gestión de gobierno en México. Las más obvias son en educación, salud, seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y precariedad fiscal, todas centrales para la tarea de gobierno, y cuyas deficiencias generan un reclamo permanente de la ciudadanía hacia “el gobierno”.
Una de las causas de esta averiada relación deriva de la creciente desconfianza del Presidente de la República hacia los gobernadores, que se corresponde con la de éstos hacia el gobierno federal, que con frecuencia no cumple sus compromisos, responde con ineficacia o invade funciones. Esa desconfianza se acentuó durante la administración anterior, en la medida que en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, se consideró a gobernadores como cómplices de la delincuencia. Además, como varios eran (son) del PRI, la respuesta natural fue que se agruparon y expresaron desprecio hacia los planteamientos del presidente panista. Esta afectación de la confianza deterioró la inteligencia para la seguridad nacional, la eficaz respuesta del Estado frente a catástrofes naturales y, sobre todo, el control de la delincuencia. Huelga decir que al debilitar la “correa de transmisión del poder” del Presidente a los gobernadores, lo mismo sucedió con presidentes municipales.
Otro factor que contribuye a esta dañada relación entre el Presidente y los gobernadores resulta de las características de los propios gobernadores, muchos sin arraigo, experiencia, cuestionada probidad, falta de apego a la ley y a la institucionalidad.
La cambiante concepción de los presidentes acerca de la función de la Secretaría de Gobernación ha contribuido a fracturar la relación. Hoy no es claro quién verdaderamente habla con los gobernadores, con quién ellos encuentran interlocución, por conducto de quién conocen la estrategia o extrañamientos del gobierno federal.
Desde 1978, el nuevo convenio de coordinación fiscal modificó la relación de fuerza entre Federación y estados. Sin embargo, en vez de que se fortalecieran las finanzas estatales y la autonomía de sus gobiernos, sucedió lo contrario. Hoy muchos están quebrados y tienen que acudir a la Federación a pedir dádivas. Esto ha acentuado una relación de subordinación poco sana. Además, cuando el Presidente da una directriz, no es claro que la operación política vaya acompañada de acción consecuente en materia hacendaria. La competencia de los titulares de Hacienda y Gobernación por la candidatura a la Presidencia crea una situación de “no cooperación” entre ellos respecto a los gobernadores. Ambos quieren atribuirse el mérito de su ayuda. Además, intervienen otros “interlocutores” que actúan con acuerdos, dinero, incluso con acciones contrarias a orientaciones de políticas públicas. ¿Quién puede entender?
Este año cambiarán nueve gobernadores, que habrán de establecer un entendimiento por poco más de 27 meses con el Presidente actual, para luego obligadamente construir otro con el siguiente. El próximo año, cambiarán doce gobernadores, que en los hechos sólo tendrán que forjar una relación de poco más de un año con el Presidente actual. Eso y los sucesos por venir no son buen augurio para la gobernabilidad en México.
La situación actual es insostenible, ¿cuándo escuchó el lector que un gobernador expresara públicamente algún desacuerdo con el Presidente de la República? Esa es la mejor muestra de esta relación disfuncional. Las candidaturas independientes para gobernador introducirán una dinámica distinta. Habrá varios de esos candidatos que, quizá, sacudan el actuar de los gobernadores y candidatos de los partidos. Ojalá la Presidencia no espere hasta entonces e inicie, desde ahora, una recomposición de su relación con los gobernadores.
Economista
