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La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha dado un nuevo marrazo a la credibilidad del gobierno mexicano en su reciente informe sobre la grave crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país. La ineficiencia y la colusión de las autoridades, como la simbiosis de una negligencia y complicidad oficial sin parangón en los últimos años, recorre las páginas del amplio documento. Dos meses antes, Amnistía Internacional había descrito como “un trato de indolencia”, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, otro informe largo, documentado, doloroso.
El estado de Chihuahua, donde la tiranía de César Duarte Jáquez ha superado todos los inimaginables en corrupción y atropello a los derechos humanos, ocupa un lugar relevante en ambos informes, como referente de los más altos niveles de impunidad y cinismo gubernamental ante la crisis. Ahí donde el PRI se jacta de haber desterrado a la delincuencia y tener la experiencia de un modelo exitoso de seguridad, acontece lo contrario; las estadísticas, los informes, el trabajo de los observatorios ciudadanos demuestran el fracaso y la forma en que se maquillan y ocultan las cifras de la realidad. Tarde que temprano la negociación que las autoridades locales hicieron con los principales cárteles para bajar las ejecuciones en las principales zonas urbanas, distribuirles plazas y reubicarlos en la región serrana de Chihuahua, se pondría al descubierto de distintas maneras.
Una de ellas, inesperada y singular, fue la exhibida mundial que dio el papa Francisco al gobierno de Chihuahua, cuando de regreso a Roma y abordo del avión que lo transportó desde Ciudad Juárez, soltó a los 75 periodistas de la fuente que lo acompañaban que en la frontera Mexicana se vivió una tregua entre narcos para asegurar su estancia en la ciudad. El Pontífice aseguró, hablando en italiano: “En Ciudad Juárez había un pacto de 12 horas de paz por mi visita, después seguirán luchando entre ellos los traficantes”.
Pero lo contundente son los números de las propias instancias de seguridad en el país, que ponen en jaque el discurso que presume la seguridad como logro del gobierno más corrupto que haya tenido Chihuahua en toda su historia. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de la Seguridad Pública, en 2015 nuestro estado ocupó el tercer lugar en homicidios dolosos, somos una de las cuatro entidades que concentra el 35% de los casos por este delito. La CIDH nos coloca entre 2011 y 2013 como el segundo estado con las tasas más altas en homicidios de mujeres y actualmente como la segunda entidad con mayores reportes por agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, también en el cuarto lugar con mayor número de homicidios de periodistas entre 2000 y 2015.
La PGR coloca a nuestro estado en el quinto lugar con mayor número de desaparecidos (1,540 de acuerdo a sus cifras oficiales), Amnistía Internacional ha tomado como emblemático el municipio de Cuauhtémoc, mismo que registra 351 personas desaparecidas, mientras que en todo el estado desde 2007 han desaparecido 1,698 personas, de las cuales 1,100 han ocurrido en el gobierno de César Duarte. De acuerdo con el Inegi, de 2009 a 2014, Chihuahua fue de las entidades más afectadas por desplazamientos masivo debido a la violencia con 88 mil 399 desplazados internos; 30% de ellos, es decir, 26 mil 519 por motivos de inseguridad.
En enero, el departamento de Estado de EU renovó su alerta de viajes en el que destaca que “crimen y violencia siguen siendo problemas graves en todo el estado de Chihuahua, particularmente en la porción sur del estado y en la Sierra, incluyendo Barrancas del Cobre”.
¿Y qué responde el vulgar ladrón que se ostenta como gobernador del estado? Mentiras, engaño, falsificación de estadísticas, ocultamiento de hechos. Por supuesto, mucha gacetilla en los medios para dibujar un cuento de hadas. Cinismo puro.
No tuvo reparo en desmentir al Papa; él que actuó como sacristán de la visita del Pontífice a nuestro estado y se desvivía por ser el monaguillo en la misa dentro del cereso de Ciudad Juárez. Y ahora que se volvió a colocar la mirada sobre la tragedia que se vive en la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, respondió con la irresponsabilidad e impunidad que lo caracteriza. El pasado 10 de marzo en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el gobernador quiso curarse en salud respecto del grave fenómeno de desapariciones que se ha concentrado en Cuauhtémoc al señalar: “En esa región desgraciadamente la falta de coordinación del municipio de Cuauhtémoc, ha permitido uno de los casos de mayor impunidad en este sentido”.
Loret de Mola lo cuestionó, “¿usted cree que el alcalde está coludido con el narco? Para ponerlo claro”, a lo que el mandatario respondió: “Lo que yo creo es que el alcalde ha permitido que la policía municipal esté trabajando en intereses que encubren al narcotráfico”.
No tiene parangón la desfachatez. Si alguna autoridad está señalada por su contubernio con los narcotraficantes en Chihuahua, es el gobierno del estado. La fiscalía estatal como el brazo protector de las mafias que acosan a la sierra, donde el miedo y la desesperación se apoderó de los pobladores, que se saben sin defensa alguna. Si algún partido tiene hoy vínculos con el narco en mi estado, es el PRI, que lleva a varios de sus personeros como candidatos a alcaldes y síndicos. Baste leer los valientes reportajes de las periodistas Patricia Mayorga, en Proceso, y de Miroslava Breach Velducea, en La Jornada, para darnos cuenta del nivel de acuerdo que tienen.
Senador del PAN
