La fragilidad del Estado de Derecho en México es asunto grave, que amenaza a las instituciones y la viabilidad de México como nación democrática en el mundo global del siglo XXI. De acuerdo con World Justice Project, México ocupó el lugar 99 de 102, y el último lugar en América Latina en el rubro de orden y seguridad, justicia penal y corrupción.
Esto se confirma en lo local, con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2016), cuyos datos son verdaderamente alarmantes. En México —según esta información— el 93% de los delitos no se denuncian (cifra negra), porque no hay confianza en las autoridades encargadas de la seguridad pública. El 72% de los mexicanos vive con percepción de inseguridad en su entorno, y como consecuencia, han tenido que invertir más dinero en procurarse seguridad, con un cálculo cercano a los 236 mil millones de pesos.
También desde las escuelas se está incubando la falta de respeto a la dignidad de las personas y el apreció de vivir en paz y dentro del Estado de Derecho. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país es primer lugar internacional en violencia escolar. El 40% de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso, 25% haber recibido insultos y amenazas, 17% haber sido golpeado y 44% haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica o física.
Hay estados de la República como Morelos, donde la inseguridad está por arriba de la media nacional, la tardía respuesta de sus autoridades exaspera a la población y le lleva a cometer hechos reprobables desde el punto de vista jurídico, pero entendibles sociológicamente. Cuando la autoridad es omisa, el pueblo toma la justicia en sus manos.
Así ocurrió el fin de semana que termina. En la comunidad de Marcelino Rodríguez, municipio de Axochiapan, Morelos, ocurre un secuestro —por cierto, en lo que va de la actual administración 2012 a 2017, se han cometido 377—. Un joven estudiante del CECyTE es privado de su libertad por presuntos delincuentes —dos hombres y una mujer— el pueblo se organiza; después de una persecución recuperan al secuestrado, detienen a los infractores. Durante horas esperan la llegada de la policía, ésta no se presenta, la gente se amotina y uno de los individuos fue ultimado a golpes por los pobladores, como expresión de su hartazgo y cansancio por sufrir secuestros continuos en la región, según dan cuenta las notas periodísticas.
Como trágica y paradójica conclusión, el boletín oficial del Gobierno de Morelos, asegura que “se actuará conforme a derecho”.
Como colofón de nuestra delicada situación, nos enteramos esta semana de la aprehensión en los Estados Unidos de América, del fiscal general del estado de Nayarit, acusado de delitos contra la salud, y la solicitud para que se le decomisen bienes por más de 250 millones de dólares. ¿Qué servidor público, con su sueldo, puede amasar esa fortuna? ¿Cuántos bienes tenía en México? ¿Cómo puede llamarse a sorpresa su gobernador?
El caso del fiscal Veytia, como lo que ocurre en Morelos y otras latitudes, son prueba demoledora del débil Estado de Derecho en el que vivimos los mexicanos.
Vicepresidente de la Cámara de Diputados
