Dicen que son 33 mil 720 las personas desaparecidas en México, según cifras oficiales; otros aseguran que hay una cifra negra —no denunciada o cuantificada—, pero en cualquier caso es terrible que en nuestra patria las personas puedan perder la vida sin dejar rastro, tanto a manos de autoridades como de la delincuencia organizada.
El problema de la desaparición forzada ha tomado dimensiones preocupantes y aterradoras. El caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, es el caso más conocido y el que ha puesto en alerta a organizaciones de la sociedad y a organismos internacionales; sin embargo, no ha sido suficiente para que en México contemos con una legislación específica sobre esta materia.
Una variante del mismo asunto son las fosas clandestinas cuyo número exacto nadie conoce, pero que cada hallazgo nos cimbra. De San Fernando, Tamaulipas, con 193 cadáveres a Tetelcingo, Morelos con 110 personas inhumadas, el drama es el mismo: dolor, tristeza, enojo, y una clara convicción de que algo están haciendo mal las autoridades, ya sea por omisión, incapacidad o complicidad con la delincuencia.
En el caso de Morelos, donde fue el propio gobierno quien ordenó sepultar en Tetelcingo y Jojutla cientos de cadáveres apilados, en fosas que nadie conocía o mantenían en secreto, tenemos la certeza de que se cometieron procedimientos inhumanos y contrarios a la Ley, pues en muchos casos hubo cuerpos sin identificación, sin carpeta de averiguación y que nunca fueron previamente identificados bajo ningún protocolo, nunca se les tomó una muestra genética y fueron arrumbados como cosas o menos que eso.
El foro “Necesidades forenses en México, frente a las desapariciones y fosas”, organizado por el Senado de la República, en coordinación con integrantes de la ONU, puso en evidencia diversas carencias. Por ejemplo, que en el país sólo existen 38 peritos en antropología forense, de los cuales 20 están en la Ciudad de México y el resto distribuido en los estados.
Que los servicios médicos forenses (Semefos) se encuentran saturados con gran cantidad de cadáveres, sin el equipo técnico suficiente y de calidad, y sin presupuestos para dar respuestas prontas y oportunas al problema de la desaparición de personas en toda la república.
Desde luego que la principal conclusión del foro fue en el sentido de que hay urgencia de aprobar una ley contra la desaparición forzada que está en el Senado —y que por cierto lleva ya un año de retraso en su dictaminación— que garantice la búsqueda inmediata y efectiva de las personas, investigaciones imparciales y diligentes que lleven a la identificación y castigo de los perpetradores de la desaparición y muerte de las víctimas.
En la ONU se determinó desde el año de 2011 dedicar el 30 de agosto de cada año para recordar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada; en México, la Cámara de Diputados aprobó declarar el 26 de septiembre de cada anualidad, el Día Nacional contra la Desaparición Forzada, ¿bastará esto para aliviar el dolor y el agravio de miles de familias en México?
Vicepresidente de la Cámara
de Diputados
