Desde la perspectiva del trayecto normativo que ha experimentado nuestro país para promover los derechos humanos, no debería sorprendernos que el presidente Peña Nieto enviara al Congreso una reforma constitucional y legal para garantizar el matrimonio igualitario. La reforma al artículo 1º constitucional en 2011 que puso en el centro la garantía jurídica de los derechos de las personas y el criterio de la SCJN sobre el derecho al matrimonio, sin distinción de origen étnico, racial, social o de preferencia sexual, son una muestra.
Sin embargo, la noticia nos tomó por sorpresa, porque no era un asunto clave de la agenda política, quizá porque existen sectores como la Iglesia católica y los grupos conservadores del PAN, que se han opuesto abiertamente al matrimonio y a la adopción homoparentales. Está claro que la determinación del Presidente de alzarse en defensa del matrimonio sin discriminación tiene la intención política de ganar credibilidad entre ciertos sectores.
Hoy, nadie se atreve a defender la discriminación; incluso la jerarquía católica afirma que las personas deben ser respetadas en su dignidad, independientemente de su orientación sexual, pero, muchos defienden la idea de que el matrimonio sólo debe ser entre un hombre y una mujer, para cumplir su función reproductiva.
El matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema que polariza a una sociedad dominantemente católica y conservadora como la nuestra. La Conferencia del Episcopado Mexicano reaccionó de inmediato en contra, invocando el designio divino sobre el matrimonio y la familia; el arzobispo de Cuernavaca encabezó una marcha de repudio y el cardenal Norberto Rivera dedicó su homilía a recordar que “nadie puede enmendarle la plana al creador en su proyecto de vida y de salvación”. La Iglesia mexicana se opondrá contundentemente, además, ya tiene permiso del papa Francisco quien, al referirse a la ley italiana, señaló que los funcionarios católicos no están obligados a celebrar uniones civiles de personas de un mismo sexo.
La iniciativa presidencial plantea reformar al artículo 4º constitucional para establecer el matrimonio igualitario entre personas mayores de 18 años y dar un salto a para proteger derechos específicos. También contempla cambios al Código Civil Federal, para eliminar que el fin del matrimonio sea la perpetuación de la especie y quitar constreñimientos que obligaban a las parejas del mismo sexo a recurrir a un amparo judicial para contraer matrimonio. Los cambios habrán de replicarse en los códigos civiles de las entidades federativas, porque la gran mayoría de las legislaciones estatales tienen preceptos discriminatorios respecto del matrimonio.
La iniciativa quiere adelantarse a la Constitución de la CDMX que está en proceso y que tiene como objetivo esencial reforzar los derechos fundamentales de los capitalinos. Hay que recordar que la capital del país fue pionera en incorporar a su Código Civil, en 2009, el matrimonio como unión entre personas, sin importar el género. El Presidente busca un respaldo legitimador entre los sectores más informados y activos de la población, que han venido endureciendo su posición crítica frente a los déficits democráticos de su gobierno.
La iniciativa ya está en el Congreso, pero ello no significa que se apruebe próximamente, pues el tema arrastra prejuicios muy arraigados, tal como lo mostró la más reciente Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas del Inegi (Encup, 2012), según la cual cuatro de cada diez mexicanos no están de acuerdo con que un homosexual viva en su casa.
Bienvenida la propuesta del Presidente; tendrá que empujarla por todo el trayecto legislativo, si de verdad quiere cierto reconocimiento como promotor activo de los derechos humanos.
Académica de la UNAM
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