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La mentira, la simulación y el abuso, cobijados por la impunidad, están detrás de lo que sucedió durante las comparecencias para el nombramiento del fiscal anticorrupción. Dos de los aspirantes a ocupar el cargo de quien tendrá la facultad de investigar conductas que constituyen delitos de corrupción, incurrieron en un posible plagio. Las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, encargadas del proceso de selección, encontraron que los ensayos presentados por Braulio Robles y Angélica Palacios para acreditar sus conocimientos, contenían sendos párrafos copiados del artículo de un especialista en corrupción.
El escándalo es mayúsculo, sin embargo, el asunto sólo ocupó secciones internas de la prensa nacional, es decir, mediáticamente se consideró un asunto menor. Ello revela que en nuestro imaginario colectivo falsear información no es una falta grave y tampoco tiene consecuencias severas para quienes la cometen. No es un acto frente al cual nuestra sociedad se indigne, ni tampoco tenemos constancia de que se castigue con firmeza para inhibir esa mala práctica de aprovecharse del trabajo intelectual de otros en beneficio personal. El suceso da cuenta de cómo se han empobrecido nuestros estándares éticos; de cómo la simulación ha trasminado nuestras instituciones y envilecido el tejido social en su conjunto.
Lo primero que llama la atención es que los posibles plagiarios son actualmente funcionarios de la PGR, uno es agente ministerial y la otra delegada en Puebla, lo que en principio debería de haberlos entrenado en las reglas esenciales de probidad, pero no es así. Como respuesta inmediata a la acusación, los dos renunciaron a continuar en el proceso de selección, pero cabe preguntarse, ¿cómo fue que se animaron a postularse para ocupar un cargo que requiere la máxima solvencia profesional, violando un principio básico de integridad moral y pública?, ¿retirarse del proceso de selección será el único castigo por su falta? Seguramente, en su autoevaluación como candidatos a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción, asumían que copiar partes enteras de un texto no era reprobable, además de que no serían descubiertos y que, en caso de serlo, no saldrían perjudicados, convencidos de que reina la impunidad.
El proceso de nombramiento del fiscal anticorrupción ha sido muy cuestionado, en buena medida porque la figura se concibió como parte de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, que apenas la previó en el artículo 18 transitorio, sin establecer requisitos para ocupar el cargo. El nombramiento tiene dos años de retraso, pues se concibió como producto de un acuerdo político entre los grupos parlamentarios, sin considerar que la sociedad civil ha ganado su derecho a participar en los asuntos públicos y en particular en las designaciones de los cargos de relevancia política.
El fiscal anticorrupción es el brazo ejecutor del combate a la corrupción, por ello, finalmente las Comisiones Unidas del Senado abrieron el proceso de selección, aprobando reglas de Parlamento Abierto y lineamientos para contar con un Comité de Acompañamiento Ciudadano para evaluar los expedientes y comparecencias de los aspirantes. Este grupo de 7 especialistas habrá de emitir una opinión profesional como cuerpo colegiado sobre los perfiles de los candidatos y sobre la calidad misma del proceso de designación, el cual será público.
A pesar de que su evaluación no será vinculante, la publicidad del informe que hoy entregará el Comité de Acompañamiento a las Comisiones Unidas inyectará mayor exigencia a la determinación de los senadores que ya no tendrán excusa para no proponer a una persona con altas credenciales técnicas y una probada integridad moral.
Académica de la UNAM.
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