No nos cayó por sorpresa. Como bien señaló el editorial de Le Monde el pasado 21 de enero, el discurso de toma de protesta de Donald Trump, más que de investidura, siguió siendo de campaña, lleno de cólera y resentimiento, dirigido a sus electores, más que a todos los norteamericanos. Trump ratificó sus amenazas en materia de migración y comercio que afectan a nuestro país y, en especial, a nuestros estados fronterizos. Los estados del norte son más vulnerables por su conexión estrecha con el país vecino, por ello sufrirán con mayor fuerza las consecuencias de las políticas de cierre de fronteras y de expulsión de inmigrantes.
En este ominoso escenario, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) activó la 2ª Mesa de Trabajo de Gobernadores Fronterizos el pasado 16 de enero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para lanzar un pronunciamiento conjunto sobre la situación migratoria y para demandar al gobierno federal su cooperación inmediata y eficiente. (Declaración de Nuevo Laredo, 16/01/2017)
Anima ver que después de quince años de vida, la Conago aún ofrece un espacio para armar una alianza política de gobernadores para activar respuestas a los desafíos inminentes. Pero, salta a la vista, primero, que sólo estén los cuatro gobernadores de oposición (tres del PAN —Baja California, Chihuahua y Tamaulipas— y el independiente de Nuevo León), y que la “Declaración” sea, más que un acuerdo para impulsar acciones conjuntas, una lista de exigencias al gobierno federal, como si los gobernadores carecieran de capacidad institucional y financiera para desplegar políticas propias para atacar los asuntos delicados que tienen bien identificados y que van desde migración, crimen organizado y costos de energía, hasta derechos humanos, salud y vivienda.
La “Declaración” demanda recursos federales para desarrollar acciones que protejan a los eventuales deportados; para defender proactivamente los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros en la zona; para diseñar e implementar un programa de desarrollo integral de la región. También reclama que no se reduzcan los Fondos de Seguridad; se incremente el Fondo de Apoyo al Migrante en 2017 y 2018 y se cree un Fondo de Fronteridad para solventar los costos de los migrantes repatriados en tránsito por sus estados. Frente a este listado de exigencias al gobierno federal, los gobernadores aliados se comprometen a generar mecanismos de comunicación permanente entre ellos y a promover encuentros con sus homólogos del sur norteamericano, con congresistas, alcaldes y medios de comunicación para fortalecer el carácter binacional de la franja fronteriza. Cabildeo a cambio de dinero federal.
La pluralidad política que en los años 1990 llevó a que se hablara de la activación de un “nuevo federalismo” es un activo para potenciar alianzas en defensa de una agenda común, pero los contenidos del pronunciamiento revelan que nuestro federalismo es todavía inmaduro, pues sigue muy marcado por la dependencia de la acción del centro. Hoy, ya no hay una subordinación generalizada a los dictados del gobierno federal, pero seguimos adoleciendo de gobiernos estatales con potencial de acción autónoma para desarrollar programas alternativos y, desde ahí, reclamar el respaldo de la federación. Está claro que la dependencia del centro no es por falta de recursos económicos, sino por las ofensivas desviaciones multimillonarias y los actos de corrupción de los gobernadores precedentes.
La competencia política ha cambiado las relaciones entre los gobiernos estatales y el federal, pero no ha redundado en una mayor capacidad institucional y de iniciativa de los primeros. A lo más que llegamos es a un discurso de reclamo hacia el centro, sin que nuestro arreglo federal realmente se haya robustecido.
Académica de la UNAM.
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