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En el 2000, de visita en México, el ex presidente español, Felipe González afirmaba que la prueba fehaciente de que se había consumado la transición a la democracia era “la aceptabilidad de la derrota”. Por supuesto que la alternancia en la Presidencia daría cuenta de que se había instalado la competencia política y que las leyes y autoridades electorales aseguraban que el voto contara y se contara bien, pero la clave para hablar de instituciones democráticas implantadas era que privara la regla básica de que los perdedores reconocieran los resultados electorales. La aceptabilidad de la derrota es la expresión fehaciente de que hay certeza en el juego político de parte de todos los actores y que, a partir de ahí, se proyecta confianza y credibilidad entre los ciudadanos. En el 2000, hubo una alternancia aterciopelada, en buena medida porque el candidato del otrora partido hegemónico aceptó, sin más, su derrota.
En países como los nuestros de América Latina, en donde las instituciones democráticas son todavía incipientes y nuestros partidos adolecen de una débil institucionalización, hemos sido testigos de candidatos con perfiles personalistas y con poco compromiso doctrinario y programático que sucumben a la tentación de rechazar los resultados electorales cuando no les favorecen, convocando a sus seguidores a impugnarlos por vías no institucionales. Pero, este fenómeno no se había presentado en Estados Unidos donde existe una tradición democrática de más de 200 años, que ha permitido que, incluso en condiciones de competencia cerrada, no haya duda sobre el escrutinio y se acepten los resultados. El caso excepcional de la elección presidencial del 2000 en la que Al Gore pidió el recuento de votos en Florida, una vez que la Suprema Corte avaló el cómputo, el candidato demócrata de inmediato acató los resultados.
La afirmación desafiante de Trump, después del tercer debate presidencial, en el sentido de que sólo reconocerá los resultados si él es el ganador, en realidad no sorprende, porque está en sintonía con su postura antisistema, enclavada en el enojo de muchos norteamericanos con las élites políticas. Pero, ufanarse en desconocer instituciones políticas básicas socava uno de los pilares esenciales de la convivencia pacífica y democrática. El problema no es que su discurso provocador milite en contra de lo políticamente correcto, sino que lo erija en una palanca para minar la confianza de los norteamericanos en las reglas que se han dado para determinar la transmisión pacífica y periódica del poder, abriendo la puerta para extender el conflicto más allá de la jornada electoral.
Es un contrasentido haberse registrado como candidato, al amparo de las siglas de un partido político; haber aceptado las reglas del juego establecidas para hacer campaña y llamar a los ciudadanos a votar y después reservarse el derecho de aceptar los resultados. Es irracional que el eventual perdedor de una contienda presidencial, que compite al lado de candidatos del mismo partido a otros cargos de elección, pretenda que el fraude sólo se cometa en la elección presidencial, sin embargo, los seguidores de Trump han aplaudido su provocación.
Las elecciones son procesos políticos que tienen calendarios precisos para dar lugar a relevos en los cargos públicos en las fechas establecidas constitucionalmente. Por ello, para evitar que los conflictos que son propios de las lides electorales rebasen las jornadas comiciales, en algunos países, como el nuestro, se han desarrollado mecanismos judiciales especializados para dirimir las controversias en las urnas. En México, cada vez más, los litigios electorales llegan hasta el Tribunal Electoral que es la última instancia, sin embargo, esta creciente judicialización de la política ha ayudado a tender un primer piso de “aceptabilidad de la derrota”.
Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.com
