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Los elevados gastos en publicidad oficial son ofensivos y lo son más en épocas de fuertes recortes presupuestarios que afectan áreas sensibles del desarrollo económico y social que hemos padecido en años pasados y que volverán a caracterizar al paquete económico de 2017. Sabemos que el año entrante disminuirán recursos relevantes en infraestructura, salud, educación y medioambiente, pero no se ha propuesto abatir, o fijar límites al excesivo gasto en publicidad oficial, ni tampoco se han desarrollado mecanismos para poner controles efectivos a tales erogaciones.
Está claro que son muchos los intereses políticos y empresariales detrás de que dicho gasto se mantenga elevado, pero importantes voces de expertos, como el Economista en Jefe del BBVA Bancomer, han señalado que dicho rubro es una de las ventanas de oportunidad para un ajuste presupuestal.
La publicidad oficial se refiere a los espacios que el gobierno compra para informar a la población sobre sus programas y acciones, pero con mucha frecuencia se tergiversa su significado para usarse como propaganda política, promocionando eventos o supuestos logros de los funcionarios públicos. Aunque se ha avanzado en la regulación de transparencia para que sea obligatorio publicitar dichos gastos, las fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia ha retrasado su cumplimiento. En el ámbito electoral se avanzó en frenar la exposición de las figuras públicas, limitándola a los tiempos y espacios de sus respectivos informes de gobierno, no hay claridad sobre quién es competente para imponer las sanciones por violaciones a la norma. Esto se debe a que desde 2014 sigue pendiente la reglamentación del artículo 134 constitucional, que en su párrafo 8º dice que “en ningún caso, la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público”. El INE ha detectado casos de promocionales violatorios de la norma, con imágenes de gobernadores como el de Chiapas y de delegados capitalinos, pero seguimos en espera de que se impongan las respectivas sanciones para que efectivamente se inhiban estas prácticas.
Dos organizaciones sociales, Fundar y Artículo 19, han analizado el gasto en publicidad oficial del gobierno federal y las entidades federativas para identificar las cantidades erogadas y su nivel de transparencia. Los resultados del estudio de 2015 muestran que además de implicar varios miles de millones de pesos (7,119 en 2013 en el nivel federal y en el estatal 5,377), los datos no se publican a tiempo —10 días después de cada fin de mes, tal como se comprometió la SFP con el programa de Gobierno Abierto y al final suelen registrar un sobreejercicio que llega hasta el 50%. Además los datos que se publican en el Sistema de Comunicación Social (Comsoc) no se corresponden con los de la Cuenta Pública (en 2014, la Cuenta Pública reportó 485 millones menos que lo registrado en Comsoc para el gobierno federal). Y en un ejercicio comparado entre sexenios, se observa que los gastos anualizados aumentan año con año. Todo esto obedece, en buena medida, a la falta de una ley que establezca los criterios y parámetros de contratación, a fin de evitar asignaciones discrecionales.
Hay que recordar que sigue pendiente una de las tres primeras promesas de Peña Nieto en 2012, que junto con la reforma en transparencia y en combate a la corrupción, fue crear una instancia ciudadana y autónoma para supervisar la contratación de espacios en medios para fines publicitarios de todos los órganos y los tres niveles de gobierno. El objetivo era que los contratos publicitarios cumplieran con los principios de transparencia, utilidad pública y respeto a la libertad periodística. La discusión del presupuesto 2017 es ocasión propicia para traer a cuento esta promesa incumplida.
Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.com
