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La intolerancia frente a lo diverso y la ofensiva por la exclusión que caracterizaron a las marchas del sábado pasado en contra de la iniciativa de Peña Nieto para incorporar a la Constitución el matrimonio igualitario son una muestra de lo que no debe hacer un gobierno. Ante una sociedad conservadora y una Iglesia católica desafiante, la iniciativa fue una auténtica provocación que desató la alianza expresa entre organizaciones sociales y religiosas tanto católicas como de diversos cultos.
La polarización social provocada se explica porque no hubo una adecuada operación política para conformar el músculo social y político necesarios para que prosperara. Era indispensable que se hubiera considerado qué tanto se ganaba presentándola y qué posibles consecuencias podía provocar. Al final, tal parece que los legisladores la dejarán en la congeladora, pues los propios diputados del PRI sostienen que no es un tema prioritario de su agenda legislativa.
Quizás lo mejor es que se deje de lado la propuesta, porque como sabemos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 2015 declaró inconstitucional que el matrimonio sólo deba celebrarse entre hombre y mujer, otorgando validez jurídica a la unión entre personas del mismo sexo para todo el país. En cambio, la iniciativa ha dado rienda suelta a todo tipo de expresiones discriminatorias.
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, discriminar significa “seleccionar excluyendo; dar un trato desigual a personas o colectivos por motivos raciales, religiosos, políticos o de sexo”. Negar la cobertura jurídica del matrimonio civil a parejas homosexuales es un acto de discriminación. La convocatoria a las marchas así lo demuestra, pues llamó a “…recuperar el espacio público que nos han querido arrebatar algunas minorías ruidosas, cuya intolerancia secuestra el derecho de las mayorías”, es decir, el espacio público es sólo para quienes se erigen en mayoría, sin lugar para las minorías, lo cual es indispensable para una convivencia social básica.
Los convocantes a las marchas antimatrimonio gay afirman no estar en contra de los homosexuales, sino sólo de su derecho al matrimonio civil porque el único matrimonio es el “natural”. Es evidente la carga discriminatoria del adjetivo, porque designa a cualquier otro tipo de matrimonio y de familia como una desviación. Además, oponen al matrimonio “natural” lo que denominan “la ideología de género” que consideran un “experimento social” que hay que rechazar; discriminación e ignorancia van de la mano, la perspectiva de género es un derecho sancionado por nuestras normas.
Los convocantes a estas marchas en contra de la reforma al artículo 4º constitucional son grupos con influencia social y vínculos estrechos con las iglesias. El gran problema no es que expresen sus opiniones, sino la polarización social. Además, mientras que quienes se oponen a la reforma son una alianza muy compacta, del lado de la defensa del matrimonio igualitario sólo tienen visibilidad los grupos LGBTI, es decir, no se ha armado una alianza igualmente cohesionada.
Probablemente la iniciativa de Peña Nieto pretendía allegarse el respaldo de grupos progresistas que han sido críticos a su gobierno, pero lanzarla sin haber construido una operación para armar el apoyo político y social ha provocado una confrontación que era muy predecible y por tanto, evitable. La iniciativa no contó con una deliberación pública, acompañada de una campaña pedagógica de sus bondades e implicaciones, que está lejos de amenazar a las familias tradicionales. Tampoco estuvo cobijada por una discusión abierta entre políticos de los diferentes partidos políticos.
La polarización está ahí y la alianza de asociaciones religiosas y sociales en contra del matrimonio igualitario mostró su fuerza movilizadora.
Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.
