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Es preocupante e indignante que a dos meses de los trágicos sucesos de Nochixtlán sigamos sin tener claridad sobre lo que ahí ocurrió y sobre quiénes fueron los responsables de la muerte de 8 personas y de cientos de heridos. Pero, es doblemente preocupante que la PGR, al rendir su reporte del caso ante la Comisión Especial de Seguimiento de Nochixtlán del Senado, reconozca que no ha podido ingresar al lugar de los hechos para investigar y que las víctimas civiles no han presentado denuncias ante dicha autoridad. Se trata simple y llanamente de una confesión de que el Estado mexicano ha perdido su función rectora en un área clave, la procuración de justicia.
El hecho de que los pobladores de Nochixtlán rechacen el cobijo del Estado para identificar cómo sucedieron los hechos muestra la falta de credibilidad en las autoridades públicas en general, pues lo mismo sucedió con los miembros de la propia Comisión Especial hace un mes cuando intentaron visitar el lugar para entrevistar a víctimas y familiares. Pero, además de que la población obstaculiza la actuación de la entidad encargada de investigar, también ha retenido a policías y a los enviados de la Procuraduría. La procuradora Arely Gómez informó que la semana pasada tuvieron que acudir en apoyo del director general de Averiguaciones Previas, para ayudarlo a salir del lugar.
Senadores de oposición sostienen que es mentira que la PGR no pueda ingresar a Nochixtlán, porque el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Roberto Campa, ha visitado la localidad y la semana pasada acudió ante la Comisión Especial, junto con el comisionado de Policía Federal. ¿Por qué la PGR se ha retrasado tanto para ir a Nochixtlán? La procuradora reconoció que ello da pie a que se manipule el lugar de los hechos, dificultando aún más su trabajo de indagación.
Hace un mes, la CNDH presentó un informe ante la Comisión Especial donde señaló que contaba con 502 actas circunstanciadas de quejas y con testimonios de 29 personas lesionadas por arma de fuego, de 4 heridos por gases lacrimógenos y uno por fragmento explosivo, es decir, la Comisión no tuvo problemas para visitar y solicitar declaraciones de la población. En cambio, denunció que la Fiscalía de Oaxaca se había negado a entregar la información del caso y que la PGR aún no contaba con ella, porque todavía no atraía la investigación del caso. La colaboración estrecha entre las autoridades no puede ser opcional si se quiere ser eficaces y desentrañar cómo sucedieron los agraviantes sucesos.
Hay diferencias entre los informes de la PGR y de la CNDH, pues mientras la CNDH se enfoca en las víctimas, buscando si hubo detenciones arbitrarias, cómo se utilizó la fuerza pública y si las policías cumplieron con los protocolos de actuación, cotejando versiones de testigos con reportes de las autoridades, el informe de la PGR está centrado en investigar 7 delitos imputados a las organizaciones que participaron junto con el magisterio disidente, que comprenden privación de la libertad, robo de armas y de equipos antimotines, entre otros. Ya sea que la PGR esconda información, o que, en efecto, no se le haya permitido ingresar a Nochixtlán, de todas maneras, hay un reconocimiento de impotencia para investigar con prontitud y para identificar la responsabilidad de cada una de las partes involucradas.
La Comisión Especial del Senado ha sido muy útil para obligar a los diferentes funcionarios a presentar los avances de sus respectivas áreas de investigación, pero la lentitud con la que se realizan las diligencias y la falta de colaboración entre las autoridades resultan nocivas para lograr el objetivo de aclarar los hechos. Por donde se le quiera ver, lo que tenemos a dos meses de lo ocurrido es una muestra más de que el Estado mexicano es incapaz de mantener la rectoría en la procuración de justicia.
Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.com
