En días pasados, al concluir la fiscalización de las 14 campañas locales de 2016, el INE impuso una sanción de 376.5 millones de pesos a los partidos políticos nacionales por irregularidades en sus informes financieros. Es una multa importante, que representa la cuarta parte del monto de financiamiento público que los partidos recibieron este año (mil 500.5 millones de pesos).
No es nuevo que los partidos no reporten o no comprueben adecuadamente sus ingresos y gastos, o que lo hagan extemporáneamente, pero ahora, la fiscalización es parte de un sistema integral a cargo del INE y los dictámenes se presentan menos de mes y medio después de la jornada electoral y se publicitan en el nuevo Módulo de Transparencia de dicho sistema (SIF). ¿Ha servido de algo que se hayan reforzado las reglas y mecanismos de la fiscalización y que la autoridad tenga más facultades y obligaciones para auditar a los partidos? ¿Qué impacto han tenido las elevadas multas sobre las percepciones de los ciudadanos?
Tal parece que los partidos no se han hecho cargo de que los elevados recursos públicos que reciben los obligan a rendir cuentas, pues no han mejorado sustancialmente sus procedimientos para gastar y para reportar adecuadamente sus cuentas. Es como si esas deficiencias no tuvieran efectos negativos sobre los electores; como si no ahondaran la desconfianza que ya existe hacia los partidos.
Desde hace veinte años, los partidos políticos quedaron sujetos a una amplia y técnicamente detallada fiscalización de la autoridad electoral que ha derivado en importantes sanciones económicas, Desde las memorables sanciones de mil millones de pesos por el Pemexgate, o de 250 millones por Amigos de Fox en 2003 hasta las de este 2016, el INE ha adquirido nuevas facultades para superar el secreto bancario y para incrementar sus exigencias sobre los informes financieros de los partidos, además de que hoy son más fuertes las obligaciones de transparencia de los partidos. Falta, quizás, una mayor discusión pública que vaya más allá de la mesa del Consejo General del INE, que dote de mayor relieve a la conducta reiterada de los partidos en esa materia y que eventualmente implique fuertes costos electorales para ellos.
Los datos publicados en el Módulo de Transparencia muestran que las sanciones derivan en un 27.2% de gastos no reportados; en un 13.8% de gastos no comprobados; en 13.3% por informar fuera de tiempo y sólo en un 0.8% por rebasar el límite de aportaciones. El INE pudo identificar los gastos no reportados, gracias al monitoreo que realiza, o por contrastar sus datos con los de autoridades locales o con los de los propios proveedores de los partidos.
Un dato importante es que las mayores sanciones derivadas de la fiscalización fueron para el PRI (21% de las multas), seguido del PRD (18% de las multas) y del PAN (13%), que son los partidos que mayores fondos públicos reciben, aunque no en ese orden, porque el PAN tuvo más recursos públicos que el PRD este año. Después de los tres principales partidos, los más sancionados por deficientes informes financieros son el PT y Morena(11% de las multas respectivamente) y en el caso de Morena, la sanción impuesta rebasa el monto de su financiamiento público anual (42.3 millones de multa frente a 33.8 millones de financiamiento).
Seguramente, estas resoluciones del INE serán impugnadas ante el Tribunal Electoral, pero el hecho de que las cifras de las multas estén hoy a la mano de cualquier persona puede nutrir el debate urgente sobre el tema del dinero y la política. El gran problema en nuestro país es que, con todos y los avances en la fiscalización, sabemos que dinero oculto e ilegal fluye en las campañas, claro sin dejar huella. Aunque detectarlo y castigarlo no es responsabilidad del INE, sino de quienes persiguen el delito, sí gravita negativamente en su autoridad.
Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.com