La humillación pública de la que fueron objeto la semana pasada seis maestros, en Comitán, Chiapas, es una muestra palpable de la degradación que padece nuestro espacio público. El hecho de que los maestros hubieran sido rapados, obligados a caminar descalzos con carteles insultantes, en represalia a no haber apoyado a la CNTE, no asistiendo a clases y repudiando la reforma educativa, habla de lo envilecida que está nuestra convivencia social. El público que presenció el acto de humillación no sólo no reprobó la conducta que hizo escarnio de los maestros, sino que la festejó, animando y justificando la burla de los agresores.
Este espectáculo da cuenta de cómo la pluralidad que hemos alcanzado en el ámbito político no se ha internalizado en las conciencias de las personas. El ingrediente civilizatorio que conlleva la pluralidad, entendida como aceptación del derecho del otro a tener posiciones contrarias a las propias, no ha acabado de asentarse en nuestra sociedad; seguimos siendo profundamente intolerantes y excluyentes frente a los que asumen posiciones diferentes a las nuestras. El hecho de que a los ojos de una multitud, algunos se animen a humillar a quienes adoptan posiciones diferentes evidencia el fracaso de los mecanismos civilizatorios que durante los últimos años hemos querido introducir.
Más allá de quiénes sean los autores físicos e intelectuales del acto denigrante, propio de concepciones fundamentalistas y cerradas, ya que al inicio la prensa nacional se lo adjudicó a la CNTE y posteriormente a la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata que respalda a la Coordinadora, parece claro que existe un ambiente propicio para que estos actos de barbarie ocurran. Tengo para mí que hay dos factores que gravitan alrededor de estas conductas: la impunidad y la aplicación discrecional de la ley.
La impunidad de la que ha gozado la CNTE durante años, le ha permitido primero desafiar abierta y sistemáticamente a la autoridad, sin que estén claras las sanciones y consecuencias de los delitos que ha cometido. En segundo lugar, la respuesta oscilante del gobierno respecto de la aplicación de la reforma educativa, explica por qué no se ha logrado resolver el conflicto, pues por momentos la autoridad opta por negociar su aplicación para frenar las movilizaciones de la Coordinadora y más recientemente, insiste en aplicarla sin distingos, sin que tampoco se haya reducido su prepotencia y su capacidad de mantener la ofensiva. De esta manera, la CNTE se ha arrogado la facultad para decidir quiénes pueden ocupar el mismo espacio público, erigiéndose en juez inquisidor de aquellos que no se sumen a su lucha en contra de las políticas del gobierno.
La ley no puede aplicarse discrecional o intermitentemente porque lejos de generar certeza para todos para poder inhibir conductas que se aparten de la norma, permite que se le perciba como discrecional, o intencional, alentando el enojo, la inconformidad y, por supuesto, el repudio a la legalidad.
Si estamos de acuerdo en que la humillación es repudiable, cabe preguntarnos ¿dónde está la protesta decidida de los actores políticos en contra de este tipo de conductas? ¿Por qué los dirigentes de los partidos políticos no han salido a rechazar estos actos con firmeza y a exigir a las autoridades que castiguen a los autores que, además, lo hicieron a los ojos de todos, apostando a que quedarán impunes? ¿Será que el calendario electoral les impide ver más allá de sus afanes por atraerse el voto?
Esta no es la primera vez que somos testigos de actos que afectan la dignidad de las personas. Urge una respuesta ejemplar de parte de las autoridades para que no nos acostumbremos a que un grupo utilice la fuerza para imponer su visión de los problemas.
Académica de la UNAM
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