Cuando un acto de protesta social deriva en confrontación violenta y hay confusión sobre quiénes son los actores responsables, hay que preguntarse a quién beneficia el ambiente de confusión. La preocupante escalada de violencia y los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos sociales que hemos presenciado en la última semana parecen tener en común que a las protestas se les han sumado grupos externos que han atizado la confrontación, alejando aún más la posibilidad de encontrar una solución pacífica a los conflictos.
El miércoles pasado, en el corazón de la ciudad de Chihuahua, una asociación de antiguos militantes del PRD, encabezada por Jaime García Chávez, dirigente de Unión Ciudadana, que ha denunciado sistemáticamente la corrupción del gobierno de César Duarte y que apoyó la candidatura de Javier Corral, hoy gobernador electo, organizó una manifestación en protesta por el desabasto de gasolina que ha habido en la ciudad, y desde luego en contra de Duarte. En dicha concentración pacífica, aparecieron grupos de jóvenes radicales, encapuchados, que aprovecharon la movilización para vandalizar la sede del Palacio de Gobierno y atacar con piedras y fierros a los policías y guardias. De acuerdo con la Fiscalía General del estado, algunos de los jóvenes provenían de Oaxaca y al menos un manifestante portaba una arma de fuego. El resultado fue que hubo varios lesionados, entre ellos 18 policías heridos y algunos jóvenes detenidos.
No está claro quién desató la violencia y de dónde surgió la provocación, pero el asalto al Palacio de Gobierno llevó al gobernador saliente y a los dirigentes del PRI en Chihuahua, a culpar a Corral y al PAN de los acontecimientos, en buena medida por la presencia de Unión Ciudadana que, en su opinión, busca desestabilizar al gobierno en turno. Por su parte, Javier Corral acusa a César Duarte de haber enviado a infiltrados a la concentración para volverla violenta y distorsionar el sentido de la protesta, para colocarse como víctima de los sucesos.
Está claro que el triunfo de Javier Corral resulta una amenaza al gobernador saliente, porque desde hace mucho tiempo lo ha acusado de enriquecimiento ilícito y de fundar el Banco Unión para depositar dinero público a su favor. Corral utilizó esa misma denuncia para promover en 2014 un punto de acuerdo en el Senado de la República para que se investigara a Duarte por corrupción. Siguiendo la misma ruta, durante su campaña, Corral ofreció meterlo a la cárcel. El gobernador saliente hará todo lo posible por evitarlo y el PRI ha impugnado la elección de gobernador, con el argumento de que hay más de 150 mil boletas sobrantes.
Hoy por hoy, con el triunfo en la bolsa, ¿era necesario que Unión Ciudadana, que simpatiza con Corral, se movilizara para protestar en contra de Duarte? ¿Resultaba pertinente hacerlo en la delicada coyuntura de transición que vive Chihuahua y que durará hasta el 4 de octubre en que tome protesta el nuevo gobernador? Más allá de saber si Javier Corral tiene o no control sobre la organización ciudadana que lo ha respaldado, parece claro que a quien le resultó útil el enfrentamiento y la confusión, fue a César Duarte; él es quien más gana con la violencia desatada por su vinculación a Corral. Pero, se trata de una victoria pírrica, porque va en detrimento del orden público y, por supuesto, de la credibilidad de las instituciones políticas.
Las elecciones del 5 de junio pasado cambiaron el mapa político del país y ello fue posible gracias a que los ciudadanos apostaron por la vía pacífica de las urnas. Los inexplicables e innecesarios sucesos de Chihuahua muestran que nuestros gobernantes están lejos de comprender el mandato de los electores, pues siguen apostando a alimentar la inseguridad y la tensión social como fórmula para vengarse de sus opositores.
Académica de la UNAM.
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