Pocos se atreverían a negar que en las elecciones del domingo pasado privó el voto de castigo en contra del PRI. Su derrota fue histórica y el voto evidenció el rechazo ciudadano hacia los gobiernos estatales, marcados por la corrupción y los atropellos impunes a los derechos fundamentales de la población. Pero, la protesta en contra del PRI también tuvo como referente al gobierno federal, por cobijar a dichos gobiernos y por su mala operación política, derivada de su ceguera para analizar objetivamente los escenarios políticos y los reclamos sociales y poder fijar una agenda política eficaz.
Es posible que la iniciativa de Peña Nieto para garantizar constitucionalmente el matrimonio igualitario tuviera una genuina intención de extender los derechos de grupos vulnerables, pero ni los tiempos ni la forma como se lanzó la propuesta consideraron las reacciones en contra que provocaría. Si se quería asegurar que la iniciativa prosperara en el Legislativo, era indispensable contar con una masa crítica sólida para enfrentar a los sectores que la rechazan.
El Presidente hizo un mal cálculo político al lanzar la iniciativa unas semanas antes de las elecciones del 5 de junio, sin contar con un apoyo social y político articulado. Mientras que los sectores sociales a favor de la iniciativa están poco cohesionados para movilizar activamente a la opinión pública, los enemigos del proyecto forman una oposición compacta y aguerrida, encabezada por una abiertamente desafiante Iglesia católica.
Es difícil calcular qué tanto ayudó la iniciativa del matrimonio igualitario al triunfo del candidato del PAN al gobierno de Aguascalientes, pero sí fue un factor que ayudó a capitalizar el conservadurismo de la sociedad hidrocálida. El gobierno saliente del estado es uno de los pocos que podía presumir de una gestión positivamente evaluada y Lorena Martínez, la candidata del PRI a gobernadora, tiene un buen reconocimiento de su paso por la presidencia municipal de la ciudad capital. Sin embargo, ninguno de esos dos factores logró inclinar la balanza a su favor y no sirvió que la candidata del PRI se pronunciara en contra de la iniciativa de Peña Nieto.
¿No hubiera sido mejor armar primero una plataforma social favorable al matrimonio igualitario, que es una causa de mínima justicia para grupos tradicionalmente marginados, y después lanzar la iniciativa para no correr el riesgo de desgastarla antes de que transite por el circuito parlamentario?
Respecto del momento electoral, el Presidente tuvo la oportunidad de pulsar el humor de los ciudadanos y hacer un pronunciamiento contundente a favor de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, para enviar un mensaje indiscutible de que se hace cargo de que la corrupción es hoy el problema más importante para los mexicanos, sólo después del de la inseguridad. Peña Nieto renunció a ponerse al frente de la lucha en contra de la corrupción, impulsando el debate parlamentario para que no se condicionara la aprobación de las siete leyes secundarias a la realización de los comicios.
Los resultados de las elecciones de 2016 y el nuevo mapa político del país son la demostración de que el presidencialismo mexicano ya no es ni la pálida sombra de lo que fue. El Presidente no parece capaz de disciplinar a las distintas fracciones dentro de su partido, ni de contener dentro de cierto calendario a las ambiciones políticas de los integrantes de su gabinete, que anteponen sus cálculos personales no sólo al desempeño electoral de su partido, sino al desarrollo de la propia agenda presidencial.
En este contexto, es posible que los meses que le quedan a Peña Nieto apenas le alcancen para administrar el statu quo.
Académica de la UNAM
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