Después del triunfo contundente de Jaime Rodríguez, El Bronco, en la gubernatura de Nuevo León en 2015, las expectativas sobre las candidaturas independientes se dispararon y la contienda de este año era propicia para reproducir la experiencia y con creces. Sin embargo, a una semana de las elecciones de este 2016, las posibilidades de que gane algún candidato independiente parecen remotas. Aun en Chihuahua, la candidatura independiente del conocido empresario José Luis Barraza apenas atrae al 12.8% de los votos, según encuestas recientes. En esta ocasión, el candidato independiente no logró quebrar el tradicional bipartidismo del estado fronterizo, pues la disputa por la gubernatura parece librarse entre los candidatos del PAN y del PRI. ¿Qué pasó con las enormes expectativas que suscitaron las candidaturas independientes?
Está claro que no ha sido suficiente el hartazgo ciudadano respecto de los partidos políticos, ni la importante caída en la aprobación de los gobernantes en su conjunto y del Presidente de la República en particular, para alentar la viabilidad de una candidatura independiente a gobernador. Tampoco lo han sido las sentencias del Tribunal Electoral (TEPJF) que sistemáticamente ha abierto el paso a los independientes, privilegiando su derecho a participar, por encima de los resquicios legales que los legisladores estatales se empeñan en aprobar.
Este año, el caso de Aguascalientes fue ejemplar, porque la ley electoral estatal establecía exigencias desproporcionadas para el registro de candidatos independientes: tener el respaldo del 5% de firmas del padrón electoral, (el máximo reconocido por la SCJN es de 3%); acreditar que en los últimos seis años no se hubiera militado en algún partido político, (la limitación suele ser de un año) y que no se hubiera participado como candidato en las dos elecciones previas, es decir, era una ley para bloquear a cualquiera que hubiera hecho política en los años previos.
Montar una candidatura independiente no es cosa fácil, porque primero hay que superar las barreras legales para obtener el registro oficial y, después convertirse y mantenerse como un aspirante competitivo, en un contexto cada vez más disputado y conflictivo, por la presencia del crimen organizado y por la degradación del ambiente, provocado por los propios actores políticos. En este marco tan descompuesto, mantener el ritmo y las expectativas de una candidatura, sin un aparato de apoyo técnico, profesional y político bien orquestado y sin considerables apoyos financieros, resulta difícil y, en ese campo, los partidos llevan la delantera porque cuentan con la experiencia y los recursos.
El ejemplo está a la mano, pues en marzo de 2016, al momento del registro de candidatos independientes a las gubernaturas, la lista ascendía a 30 aspirantes y cada estado tenía al menos un independiente, aunque Puebla tenía siete y Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas tenían tres. En el camino, unos fueron declinando y otros quedaron desplazados por las maquinarias de partidos y de las alianzas opositoras; los restantes quedaron básicamente en franjas testimoniales.
Mucho se ha insistido en que las candidaturas independientes favorecen al PRI, porque al fragmentar el flanco opositor, dispersan su potencial competitivo (el caso Chihuahua es ejemplar). Sin embargo, todos los partidos les tienen aversión y actúan corporativamente en su contra, de entrada, a través de reformas legales restrictivas.
Mientras que los promotores de los independientes sigan viendo dichas candidaturas desde la óptica de lo moralmente deseable, apostando a una buena imagen y mercadotecnia y, eso sí, a mucho enojo, será difícil poner a los partidos “de puntitas en la calle”, como quiere el promocional que se puso en circulación el pasado fin de semana.
Académica de la UNAM.
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