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Quizás habría que decretar la contingencia respecto del Sistema Nacional Anticorrupción para que el Presidente de la República asuma un liderazgo contundente en el tema y se convierta en el “campeón” de la causa, de la misma manera que lo hizo la semana pasada frente a la magnitud de la contingencia ambiental en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Ante las disputas verbales y la falta de coordinación responsable entre los gobiernos del Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México, el Presidente tomó el timón para instruir a la Semarnat a que se adoptaran medidas drásticas, primero emergentes, y después de mediano plazo, para combatir los graves daños a la salud de la población de la megalópolis.
Una actitud semejante debería adoptar el Presidente respecto de la reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción para que las leyes que se emitan alcancen los más altos estándares para prevenir y combatir la corrupción. El marco constitucional abre dicha posibilidad. Debía de hacerlo, en primer lugar, porque el efecto corrosivo de la corrupción sobre nuestras instituciones públicas y nuestra frágil democracia ha alcanzado dimensiones alarmantes. En segundo lugar, porque aunque todos los políticos adoptan el discurso correcto de la anticorrupción, en la práctica ninguno de los principales dirigentes parlamentarios ha abanderado los cambios que se requieren, sólo han dejado que actúen las voces inerciales. En tercer lugar, porque sectores importantes de la sociedad mexicana se han activado para elevar el nivel de exigencia en la deliberación legislativa, para evitar que las resistencias de los partidos políticos a ser sometidos a normas eficaces de responsabilidad pública desemboquen en una Ley General Anticorrupción inocua.
No fue fácil para las organizaciones sociales, académicas y empresariales que participaron, reunir más de 300 mil firmas para presentar la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, denominada #Ley3de3. Los mexicanos no tenemos una tradición asociativa fuerte, ni tampoco alimentamos grandes expectativas de ser oídos. Sin embargo, el compromiso, la determinación y la capacidad de convocatoria de quienes encabezan la Red por la Rendición de Cuentas, Imco y Transparencia Mexicana, entre otros, lo hizo posible.
Los legisladores tendrán la obligación de discutir la iniciativa y de pronunciarse al respecto, pero la tarea para que prospere está lejos de estar concluida y hay señales de que están vivas las resistencias de los servidores públicos a someterse al escrutinio público. Así lo demostró el proyecto de dictamen sobre la Ley General Anticorrupción que presentó el senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana y que las organizaciones sociales y algunos senadores de oposición “aliados” calificaron de “descafeinada”.
El proyecto tiene lagunas importantes porque carece de mecanismos sólidos de prevención, o de participación ciudadana. Insiste en no establecer la obligación de que se publiciten las declaraciones patrimoniales de los funcionarios; tampoco establece sanciones explícitas para los llamados “moches” que son una práctica socorrida de tráfico de influencias en beneficio personal de funcionarios y legisladores. En cambio, el proyecto sí otorga nuevas facultades a la Secretaría de la Función Pública para el registro de funcionarios sancionados, declaraciones patrimoniales y de intereses. Otra vez el gobierno vigilándose a sí mismo.
Si contingencia significa riesgo, bien haría el Presidente en declararla frente a la corrupción; en liderar una nueva concepción jurídica para lograr que las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, que deben aprobarse en mayo, sean herramientas eficaces para prevenir y combatir la corrupción.
Académica de la UNAM
peschardjacqueline@gmail.com
