A la par que en días pasados concluía el circuito de la reforma constitucional para desindexar el salario mínimo, en un acto de insensibilidad y de desprecio por una agenda básica de justicia social, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó incrementarlo en apenas 2.94 pesos para 2016. El salario mínimo seguirá quedando muy por debajo de la línea de pobreza, violando, una vez más, el mandato constitucional del Artículo 123, fracción VI que señala que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia.
La decisión de la Conasami muestra que el gobierno no está dispuesto a impulsar una política de recuperación de los salarios mínimos, lo cual es un requisito indispensable para edificar una política de desarrollo social y de combate a la pobreza y la desigualdad. De poco sirvió el debate que desde agosto de 2014 se ha venido dando para mejorar el ingreso de los trabajadores más pobres del país que ascienden a 3 millones en el sector formal de la economía. Para los diversos actores políticos y sociales, estaba claro que para transitar hacia dicho cometido, era necesario desvincular al salario mínimo, a nivel nacional, de cuotas, pagos, créditos, sanciones y derechos.
Entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre pasados, el Congreso Federal por mayoría calificada y 17 congresos estatales aprobaron la modificación a los Artículos 26, 41 y 123 de la Constitución para liberar al salario mínimo como unidad de medida. Finalmente, se había construido un consenso alrededor de la necesidad de revisar a fondo los salarios mínimos. Los tiempos de la aprobación eran importantes porque lograda la desindexación, quedaba despejado el camino para que la Conasami, en su reunión de diciembre, se hiciera eco de la demanda social y de los acuerdos políticos alcanzados, para cambiar su visión inercial sobre los salarios mínimos. No fue así, hubo oídos sordos, y el gobierno se rindió ante el rechazo de los patronos para modificar la política salarial con el muy dudoso argumento de que aumentar los mínimos llevaría a un incremento de precios y, con ello, a una caída en la generación de empleos. Para justificar el aumento simbólico, el presidente de Conasami señaló que “los verdaderamente pobres son los que no tienen empleo”.
Este argumento ignora lo que han señalado dos de las instituciones más confiables del país, el Inegi y Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), del Inegi, en 2014 y el Índice de la Pobreza, elaborado por Coneval a partir de dicha Encuesta, una de las principales dimensiones de la pobreza es el ingreso. De hecho, la definición de población en pobreza del Coneval es aquella que tenga al menos una carencia social (alimentación, salud, educación, vivienda) y un ingreso menor al valor de la línea de bienestar. Las cifras muestran que mientras en 2010 la población por debajo de dicha línea era de 59.6 millones, en 2014 era de 63.8 millones. La conclusión de Coneval es que no debe seguirse atacando el problema de la pobreza con las mismas ideas y los mismos instrumentos.
La liberación del salario mínimo aprobada por el Constituyente Permanente, no fue un proceso sencillo, ni terso y requirió de una fuerte movilización de la sociedad civil, pero al final, mostró que los diferentes actores políticos reconocieron la urgencia de colocar a la pobreza y la desigualdad en el centro de las prioridades de las políticas públicas.
Es cierto que mejorar los salarios mínimos no resuelve en automático el problema de la pobreza y la desigualdad, pero es un paso indispensable para introducir un cambio en las políticas de desarrollo para darle centralidad a la agenda de justicia social.
Académica de la UNAM.
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