El amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los cuatro integrantes del grupo SMART para autorizar el autoconsumo recreativo de la marihuana no sólo sorprendió al gobierno, sino que evidenció sus posturas reactivas, con frecuencia aderezadas de los prejuicios de algunos de sus voceros. El dato contundente es que la Corte es quien está fijando una nueva orientación a la agenda frente a las drogas.
Una vez que se hizo público el sentido del proyecto del ministro Zaldívar, las reacciones de funcionarios responsables de la materia en distintas dependencias gubernamentales oscilaron entre comentarios peyorativos como el de no querer tener un país de “marihuanos”, o francamente desatinados como el de Arturo Escobar, subsecretario de Población y Derechos Humanos de Segob, quien afirmó no querer convertir al Chapo Guzmán en empresario.
En lugar de haber liderado la discusión que ha estado latente en la opinión pública cada vez con mayor fuerza y, no porque “sea una moda mundial” como dijo Manuel Mondragón, titular de la Comisión Nacional en Contra de las Adicciones (Conadic), sino porque está claro que la política prohibicionista ha sido un fracaso, el gobierno ha preferido dejar en otras manos la iniciativa de colocar el tema en la agenda pública, en serio.
En efecto, la sentencia de la Corte marca un antes y un después en la deliberación sobre la legalización del autoconsumo de la marihuana, no sólo porque abre la puerta para que se interpongan amparos adicionales, sino porque se ha elevado el nivel de exigencia sobre la necesidad de diseñar una nueva política pública frente a las drogas. Está claro que el Legislativo debe tomar cartas en el asunto para que dicha política pública no se elabore a golpe de amparos que eventualmente sienten jurisprudencia, sino a partir de un nuevo marco normativo que sea producto de una seria y amplia discusión sobre el tema. El gobierno debe aprovechar la sacudida que generó la sentencia para tomar el toro por los cuernos y encabezar un debate abierto, que se haga cargo de la complejidad del tema, es decir, de las diferentes dimensiones que tienen que tomarse en cuenta, considerando desde luego, el contexto mundial en el que se encuentra la discusión.
El argumento central para otorgar el amparo fue privilegiar la autodeterminación de las personas, su derecho a decidir libremente sobre su consumo, en el entendido de que se trata de una sustancia nociva para la salud. Sin embargo, dado que la discusión sobre la legalización de la marihuana no es solamente un tema de reivindicación de la libertad de las personas, sino un asunto de política pública, se requiere de la intervención decidida del Estado para abordar no sólo la perspectiva de salud y el problema de la atención médica, sino sobre todo el aspecto educativo, pues sólo así puede evitarse que la deliberación sea un asunto de élites informadas.
El Estado mexicano está obligado a proporcionar información puntual, accesible y desprejuiciada, que sea capaz de señalar con claridad los riesgos que implica consumir diferentes drogas, para que el derecho humano de decidir libremente esté fincado en una valoración accesible y comprensible para cualquier persona.
Es momento de dejar atrás posiciones intolerantes o estereotipadas. No hay cabida para opiniones confiadas en el predominio de las viejas ideas, no podemos apostar a que frente a futuros amparos, los jueces resuelvan en sentido contrario al señalado por la Corte, como dijera confiado el consejero jurídico de Presidencia en una mesa de debate convocada por Televisa hace algunos días. El máximo tribunal del país ha fallado y aunque se requieren cuatro sentencias en el mismo sentido para que el criterio se convierta en jurisprudencia, la jerarquía de la Corte sienta un precedente con peso específico y es sobre éste que hay que desplegar la deliberación abierta.
Académica de la UNAM.
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