Las reglas del proceso de relevo del rector de la UNAM siguen siendo las mismas de hace 75 años cuando se creó la Junta de Gobierno, que es el órgano que designa a las autoridades académicas unipersonales de la Universidad. Sin embargo, las exigencias de transparencia que se han venido implantando en nuestro país en los últimos años, han impactado favorablemente la forma como se han desarrollado cada una de las fases del proceso sucesorio. Mismas normas, mayor apertura informativa.
En esta ocasión, tal como se hacía en el pasado, se le ha dado publicidad a la convocatoria para el registro de aspirantes y para que los universitarios interesados en respaldar a alguno de ellos se entreviste con los miembros de la Junta. Adicionalmente, se han difundido a través de internet los proyectos de trabajo de los 16 universitarios que solicitaron su registro para participar en el proceso.
Una vez que concluyó el periodo de consulta a la comunidad universitaria, la Junta de Gobierno realizó un primer filtro o selección, dejando como finalistas a 10 universitarios, cada uno expuso su programa a través de Radio y TV UNAM, lo cual permitió que la comunidad identificara personalmente a los candidatos y escuchara su respectivo mensaje.
Más allá de la labor que han realizado los medios de comunicación, otorgando a los aspirantes a rector espacios en sus tiempos o en sus páginas, la publicidad de las propuestas de trabajo y de los perfiles de los aspirantes que la Junta de Gobierno ha impulsado, muestra sensibilidad de sus integrantes hacia las demandas que existen de mayor información sobre el proceso. Está claro que ya no puede mantenerse cerrado a la consideración de los universitarios, porque se ha desarrollado el derecho de las personas a saber y conocer cómo se toman las decisiones que atañen a entidades públicas como las universidades.
La difusión de la información sobre los perfiles de los aspirantes y sobre las propuestas que plantean para gobernar a la UNAM en los próximos cuatro años, permite identificar que existe un abanico diverso de trayectorias y de concepciones respecto de hacia dónde debe dirigirse la Universidad, sobre cuáles son los problemas tanto académicos como sociales y financieros que enfrenta. Los diez aspirantes provienen de muy diversas áreas de conocimiento, desde la medicina y ciencias biológicas, hasta ingeniería, economía, derecho, ciencias sociales y todos tienen importantes credenciales científicas y reconocida capacidad de dirección académica, es decir, hay tela de dónde cortar. Sus programas de trabajo reflejan diagnósticos con puntos de acuerdo y énfasis específicos en las orientaciones de las propuestas.
El proceso de sucesión en la UNAM ha llegado a su fase final, pues la Junta de Gobierno ha terminado de entrevistar individualmente a cada uno de los diez finalistas y a partir de mañana, habrá de deliberar para evaluar las habilidades y destrezas de cada uno de los contendientes.
La decisión final de la Junta de Gobierno no puede ser producto únicamente de los logros académicos, ni mucho menos de los niveles de popularidad de un aspirante, porque no se trata de una contienda política. Quien encabece a la UNAM debe reunir una gama de atributos para que el nombramiento no sólo sea legítimo, sino acertado para poder proyectar al futuro a la Universidad más grande de América Latina.
Para proteger al proceso de deliberación frente a presiones de intereses ajenos a la UNAM, es indispensable mantenerlo en sigilo; sólo así podrán expresarse libremente cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Empero, una vez tomada la determinación, deberían revelarse las consideraciones, las razones y los criterios que dieron pie al nombramiento. Ya no es válido simplemente dar a conocer el nombre de quien será el próximo rector(a), deben exponerse las justificaciones y motivaciones de la decisión. Los tiempos lo demandan.
Académica de la UNAM.
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