La reforma constitucional en telecomunicaciones entrañó una especie de borrón y cuenta nueva en materia institucional. Sustituyó a la anterior Comisión Federal de Telecomunicaciones, que dependía de la SCT, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo constitucional que no pertenece a ninguno de los tres Poderes de la Unión.
Al Instituto, la reforma también le otorgó las facultades de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que tenía la Cofeco, y además le dio un arma potentísima: la no suspensión de sus actos con lo que, aunque los particulares se amparen contra sus decisiones, estas prevalecen hasta que finalice el juicio. Y así fue como nació un súper órgano regulador de las telecomunicaciones.
A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, famosa mancuerna de la doble ventanilla, le fueron asignadas facultades importantes —como el desarrollo del proyecto de la red compartida mayorista—, y también diversas opiniones no vinculantes que debe emitir al Instituto. Adicionalmente, y dada la enorme cantidad de litigios en el sector, la reforma creó tribunales especializados para acortar los plazos de respuesta y tener jueces y magistrados especialistas en estos temas tan técnicos y complicados. Estupenda decisión.
Desde que se integró el IFETEL, en septiembre de 2013, sus siete comisionados trabajan a marchas forzadas para cumplir con la ambiciosa agenda que le impuso el legislativo. Y ha sido precisamente ese su mayor logro: haber cumplido a tiempo prácticamente con todos sus compromisos, una tarea casi imposible. Su mayor desatino, sin duda, consistió en no haber interpuesto la controversia constitucional para combatir la ley secundaria que invadió varias atribuciones que le otorgó la Constitución y que menoscabó su autonomía; acaso el peso de la política y una actitud un tanto pueril, se impuso en la decisión de cinco comisionados quienes abdicaron de defender al órgano que integran.
Pero los golpes al IFETEL no cejan y no cejarán, el último intento fue cortesía del Senado, quien terminó haciendo el ridículo al perder la controversia constitucional contra las reglas de portabilidad que emitió el Instituto quien no solo ganó el litigio, sino que salió fortalecido con la decisión de la Corte.
El marco institucional del sector fue transformado profundamente por la Reforma. El IFETEL tiene pocos contrapesos y es sordomudo —por las reglas de contacto que restringen demasiado el acercamiento de los regulados—. Sus retos: flexibilizar sus criterios decisorios, que hasta ahora han sido un tanto conservadores; intentar un diálogo más abierto con la industria y, lo más importante, acercarse más a las audiencias y los usuarios, hace falta.