Como parte del paquete de las llamadas “reformas estructurales”, hace 2 años se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
El momento político que vivía el país permitió, a través del llamado Pacto por México, modificaciones a nuestra Constitución, que requieren la aprobación de las dos terceras partes del Congreso de la Unión más la mayoría de las legislaturas de los estados y, por tanto, fue menester el acuerdo de los tres partidos políticos más fuertes en ese momento: PRI, PAN y PRD. Y así fue como nació esta reforma que para modificar ocho artículos constitucionales creó 18 transitorios: un exceso, ¿la razón? amarrar los acuerdos políticos a fin de establecer en esos transitorios lo que debía incluirse en la ley y comprometer con ello a los senadores y diputados del PRI a no dar marcha atrás de todo aquello que ya habían pactado con las otras fuerzas políticas, ya innecesarias en la votación de la ley secundaria.
Así, de una reforma constitucional con deficiencias, nació una mala ley: la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que debía haberse expedido en diciembre de 2013 pero que no se publicó sino hasta julio de 2014, incumpliendo los legisladores con el plazo al que obligaba la Constitución. Pero el retraso resultó ser el menor de los problemas; su texto fue manoseado por tantos intereses que se pueden leer las iniciales de los autores en varios de sus artículos.
Inconstitucionalidades, errores, contradicciones, ausencias y excesos, mala técnica legis- lativa e incluso frases sin verbo se observan en este atropellado texto que hoy rige al sector. Y aunque no todo es malo, el estándar de calidad ofrecido por el Pacto por México cuando confeccionaban las reformas, se fue desdibujando; primero, con una reforma constitucional que presume más de lo que contiene y, segundo, con una ley secundaria indigna de ser llamada estructural.
Hoy, a dos años de la reforma constitucional, bien nos vendría revisarla con humildad y, por qué no, con ánimo de mejorarla.
Para muestra ahí tiene usted el adefesio jurídico que intenta dar forma a la red compartida mayorista y que con su pésima redacción parece entrañar el congelamiento de la jugosa banda de 700 Mhz., qué decir de la ley secundaria que incluso olvidó establecer que las autorizaciones sólo pueden otorgarse a personas de nacionalidad mexicana, qué le digo.
Necesitamos reformar la reforma si en realidad queremos llamarla estructural. Le invito a acompañarme con su amable lectura en el análisis de la reforma en estos artículos especiales que se estarán publicando diariamente con motivo de su segundo aniversario.
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